Sevilla
La sequía está aumentando las captaciones ilegales de agua en la cuenca del Guadalquivir. Durante este año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha abierto 350 expedientes por extracciones clandestinas en pozos y aguas superficiales, la mayor parte de ellas en el ámbito andaluz. Además de las sanciones, desde el año pasado se imponen medidas cautelares como la obligación de cerrar los pozos ilegales, que afectan a 71 tomas. Con la entrada en vigor del decreto de la sequía, también se podrá sancionar la falta de contadores para vigilar el consumo de agua para riego.
De los 250 expedientes abiertos en 2005 por la CHG por la captación ilegal de agua a través de pozos, 195 se localizaron en territorio andaluz. La sequía ha propiciado un incremento notable de las tomas ilegales de aguas subterráneas y también de las superficiales, según el comisario de aguas, Javier Serrano. A diferencia de años anteriores, donde estos riegos ilegales eran sancionados únicamente con una multa, en el pasado ejercicio han comenzado a imponerse medidas cautelares que obligarán a cerrar los pozos clandestinos.
Serrano explicó que la CHG, además, ha llegado a un acuerdo con la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que tiene la competencia para autorizar la apertura de pozos (la toma de agua depende de la CHG) para combatir estas tomas irregulares. 'Algunos pedían el permiso a Minas para abrir un pozo aunque luego no solicitaban la autorización a la Confederación para captar el agua', expone el comisario de aguas. Esto propiciaba en ocasiones una batalla jurídica que se podía dilatar durante años, puesto que el particular podía esgrimir la legalidad de su pozo, aunque el uso de agua no hubiera sido permitido por el organismo de cuenca. 'Minas exigirá a partir de ahora el acuerdo de la Confederación antes de autorizar los pozos', indica Javier Serrano.
Los dos expedientes de mayor cuantía tramitados por captaciones ilícitas corresponden a unos pozos en Doñana y a unos regadíos clandestinos para una explotación arrocera. En cada caso se enfrentan a una multa de 300.506 euros, según Serrano.
Sólo en Andalucía, la Confederación -que depende del Ministerio de Medio Ambiente y su titular, Cristina Narbona- abrió un total de 1.800 expedientes sancionadores durante el año pasado. Las infracciones más frecuentes obedecen a la realización de obras en el dominio público hidráulico, las captaciones o derivaciones de aguas subterráneas sin concesión y los vertidos de aguas residuales o contaminantes a los cauces.
Los casos más graves, que han dado lugar a las sanciones de más cuantía, corresponden al Ayuntamiento de Morón (PP) y al polígono industrial de Juncaril, de Granada. El municipio sevillano acumula varias multas desde 2004 por vertidos sin depurar, puesto que la depuradora construida por la Junta de Andalucía quedó inutilizada con los residuos de los aderezos de aceitunas, según el comisario de aguas. Las sanciones de la CHG por esta razón suman ya 600.000 euros. El polígono granadino padece una situación similar, ya que carece de depuradora. La cuantía de las sanciones por sus vertidos contaminantes es también de unos 600.000 euros, según Serrano.