Galicia Government will restore the Vigo´s Ria to avoid EU sanctions
Fri, 07/04/2006
Será utilizado por el Gobierno en las negociaciones con Bruselas destinadas a levantar la condena de 20 millones de euros por contaminación reiterada en la Ría
JOSE LUIS JIMÉNEZ
SANTIAGO. La Xunta de Galicia invertirá 125 millones de euros en el nuevo Plan Integral de Reducción de Contaminación en la Ría de Vigo, con el fin de hacer frente a la problemática existente y que llevó en diciembre de 2005 al Tribunal de La Haya a sancionar a España con una multa de 20 millones por desoir reiteradamente las normativas comunitarias. Así lo anunció ayer el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, quien añadió que la «sentencia en firme» del tribunal europeo se deriva de que «desde el año 2000 ha estado instando a Galicia a que amplíe la normativa de depuración y saneamiento de las aguas vertidas a la ría y se ha incumplido sistemáticamente».
Durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Pérez Touriño avanzó que este Plan Integral estará compuesto por «un conjunto de medidas» que incluirán desde actuaciones de vigilancia y control hasta inversiones para infraestructuras, si bien no supo detallarlas «porque no es el momento para enumerar el listado de obras», sino para hacer constar «el compromiso» del Gobierno gallego para acabar con «la situación intensa de vertidos».
«Nos encontramos ante un déficit histórico en la Ría derivado del anterior gobierno», que habrá de subsanarse con este paquete de medidas «para evitar otras condenas» de la UE. Entre ellas, la nueva depuradora de Vigo, instalación que la Xunta está negociando con el Ministerio de Medio Ambiente para que sea declarada de Interés General y, por tanto, sufragada por el Estado.
El presidente gallego reconoció que la sanción de 20 millones de euros será afrontada por el Gobierno central, cantidad que le será deducida «de los fondos comunitarios y de cohesión que percibe de la Unión Europea». No obstante, adelantó que el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quiere «abrir negociaciones» con Bruselas «para evitar el pago» de la multa, proceso «difícil» al que contribuirá la existencia del Plan Integral.
Emilio Pérez Touriño quiso cortar de raiz cualquier interpretación «alarmista» que pudiera surgir de la sanción por contaminación a la Ría de Vigo, y aseguró que la normativa europea no responde a criterios de coacción sino a la defensa de «un urbanismo sostenible medioambientalmente», indicó. Touriño relacionó los problemas de los vertidos con la «expansión urbanística descontrolada» en la zona, carente de «una política de saneamiento necesaria» para evitar este tipo de situaciones.
Ayudas contra el «feismo»
El Consello de la Xunta también aprobó ayer por decreto un programa de ayudas para acabar en la medida de lo posible con el conocido como «feismo urbanístico» en el paisaje gallego. Vertebradas desde la Consellería de Vivienda, este paquete de subvenciones está pensado para que las familias del medio rural con menos recursos económicos puedan finalizar las obras en la fachada de sus viviendas.
La subvención, según informó Pérez Touriño, estará disponible para todas las rentas que no superen en 2,5 veces el IPREM (Indice Público de Rentas de Efectos Múltiples), será el equivalente al 30 por ciento del coste de la obra y siempre que la vivienda está ubicada en un núcleo de población entre 500 y 1.500 habitantes. Además, el mandatario autonómico recordó que recientemente la Consellería de Política Territorial envió una círcular a los concellos de Galicia exigiéndoles la aplicación de sus competencias en materia urbanística, y concretamente, emplazándoles a que actúen contra las viviendas inacabadas.
También en materia urbanística, Pérez Touriño rechazó la posibilidad de delegar en promotores privados las expropiaciones de inmuebles y terrenos para construir, ya que, según la ley vigente, cualquier fórmula de incautación de estas características «se hace por los poderes públicos». Touriño quiso ser «meridianamente claro» en esta cuestión y subrayó que «no se puede derivar a agentes privados ninguna competencia» en materia expropiatoria. «En ningún caso», sentenció, tras lo que aclaró que las intervenciones de intermediarios tendrán que restringirse exclusivamente a la «tarea de urbanizar un determinado espacio público».
Del mismo modo, negó que su Ejecutivo vaya a permitir «laxitud» alguna en la ordenación urbanística de los concellos gallegos, «porque una laxitud persistente tiene consecuencias, y mirando a la costa española, algunas no muy agradables». Pérez Touriño reiteró su voluntad de «concertación» para la redacción del ya reiterado Pacto por el Territorio, que incluirá una «Agencia para la Legalidad Urbanística», y que hasta su definitiva aprobación «de manera urgente» pondrá en marcha «un plan de inspección urbanística». Por último, instó a que Xunta y concellos «vayan en la misma dirección» pero «cada uno en su papel».
JOSE LUIS JIMÉNEZ
SANTIAGO. La Xunta de Galicia invertirá 125 millones de euros en el nuevo Plan Integral de Reducción de Contaminación en la Ría de Vigo, con el fin de hacer frente a la problemática existente y que llevó en diciembre de 2005 al Tribunal de La Haya a sancionar a España con una multa de 20 millones por desoir reiteradamente las normativas comunitarias. Así lo anunció ayer el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, quien añadió que la «sentencia en firme» del tribunal europeo se deriva de que «desde el año 2000 ha estado instando a Galicia a que amplíe la normativa de depuración y saneamiento de las aguas vertidas a la ría y se ha incumplido sistemáticamente».
Durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Pérez Touriño avanzó que este Plan Integral estará compuesto por «un conjunto de medidas» que incluirán desde actuaciones de vigilancia y control hasta inversiones para infraestructuras, si bien no supo detallarlas «porque no es el momento para enumerar el listado de obras», sino para hacer constar «el compromiso» del Gobierno gallego para acabar con «la situación intensa de vertidos».
«Nos encontramos ante un déficit histórico en la Ría derivado del anterior gobierno», que habrá de subsanarse con este paquete de medidas «para evitar otras condenas» de la UE. Entre ellas, la nueva depuradora de Vigo, instalación que la Xunta está negociando con el Ministerio de Medio Ambiente para que sea declarada de Interés General y, por tanto, sufragada por el Estado.
El presidente gallego reconoció que la sanción de 20 millones de euros será afrontada por el Gobierno central, cantidad que le será deducida «de los fondos comunitarios y de cohesión que percibe de la Unión Europea». No obstante, adelantó que el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quiere «abrir negociaciones» con Bruselas «para evitar el pago» de la multa, proceso «difícil» al que contribuirá la existencia del Plan Integral.
Emilio Pérez Touriño quiso cortar de raiz cualquier interpretación «alarmista» que pudiera surgir de la sanción por contaminación a la Ría de Vigo, y aseguró que la normativa europea no responde a criterios de coacción sino a la defensa de «un urbanismo sostenible medioambientalmente», indicó. Touriño relacionó los problemas de los vertidos con la «expansión urbanística descontrolada» en la zona, carente de «una política de saneamiento necesaria» para evitar este tipo de situaciones.
Ayudas contra el «feismo»
El Consello de la Xunta también aprobó ayer por decreto un programa de ayudas para acabar en la medida de lo posible con el conocido como «feismo urbanístico» en el paisaje gallego. Vertebradas desde la Consellería de Vivienda, este paquete de subvenciones está pensado para que las familias del medio rural con menos recursos económicos puedan finalizar las obras en la fachada de sus viviendas.
La subvención, según informó Pérez Touriño, estará disponible para todas las rentas que no superen en 2,5 veces el IPREM (Indice Público de Rentas de Efectos Múltiples), será el equivalente al 30 por ciento del coste de la obra y siempre que la vivienda está ubicada en un núcleo de población entre 500 y 1.500 habitantes. Además, el mandatario autonómico recordó que recientemente la Consellería de Política Territorial envió una círcular a los concellos de Galicia exigiéndoles la aplicación de sus competencias en materia urbanística, y concretamente, emplazándoles a que actúen contra las viviendas inacabadas.
También en materia urbanística, Pérez Touriño rechazó la posibilidad de delegar en promotores privados las expropiaciones de inmuebles y terrenos para construir, ya que, según la ley vigente, cualquier fórmula de incautación de estas características «se hace por los poderes públicos». Touriño quiso ser «meridianamente claro» en esta cuestión y subrayó que «no se puede derivar a agentes privados ninguna competencia» en materia expropiatoria. «En ningún caso», sentenció, tras lo que aclaró que las intervenciones de intermediarios tendrán que restringirse exclusivamente a la «tarea de urbanizar un determinado espacio público».
Del mismo modo, negó que su Ejecutivo vaya a permitir «laxitud» alguna en la ordenación urbanística de los concellos gallegos, «porque una laxitud persistente tiene consecuencias, y mirando a la costa española, algunas no muy agradables». Pérez Touriño reiteró su voluntad de «concertación» para la redacción del ya reiterado Pacto por el Territorio, que incluirá una «Agencia para la Legalidad Urbanística», y que hasta su definitiva aprobación «de manera urgente» pondrá en marcha «un plan de inspección urbanística». Por último, instó a que Xunta y concellos «vayan en la misma dirección» pero «cada uno en su papel».