El XI Congreso Nacional abordó la posibilidad de que los acuíferos pasen a manos de las comunidades autónomas y que potencie la reutilización de aguas residuales

A. MUÑOZ

CÓRDOBA. Los agricultores usuarios de las cuencas quieren que la Administración les compense en situaciones en las que sea necesario decretar restricciones para garantizar los caudales ecológicos. Ésta es una de las conclusiones más importantes aportadas al XI Congreso Nacional por la Federación de Comunidades de Regantes (Fenacore), que preside el cordobés Andrés del Campo y que serán entregadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En Andalucía, hay más de 800.000 hectáreas de regadío, de las que un 10 por ciento corresponden a Córdoba, 83.639 hectáreas para ser exactos.

El documento al que ha tenido acceso ABC indica que los embalses son imprescindibles para garantizar esos caudales mínimos y que esos recursos «son repercutidos exclusivamente sobre los usuarios beneficiarios del embalse».

Cambios en las comunidades

Dentro del capítulo económico, Fenacore aboga por que los costes del mantenimiento de las obras hidráulicas sean compartidos con otros colectivos. «Es necesario incorporar otros usos y demandas con capacidad económica», entre los que el documento cita los abastecimientos a la población, las urbanizaciones, los campos de golf, los saltos hidroeléctricos e incluso de los usos recreativos. «Para ello, el organismo de cuenca deberá facilitar con voluntad y flexibilidad la conversión de las comunidades de regantes en comunidades de usuarios, facilitando que se integren en éstas todos los usos actuales y futuros que puedan desarrollarse en su ámbito territorial».

En cuanto a las políticas de ahorro, Fenacore entiende acertada la Ley de Aguas, que incentiva un menor consumo, mediante la reducción del canon hasta en un 50 por ciento, y penaliza el despilfarro con incrementos en la factura de hasta un 100 por ciento. «El Estado debe potenciar todavía más el ahorro mediante políticas que faciliten la modernización de los regadíos».

Durante el congreso nacional también se apostó por la cesión a las comunidades autónomas de las competencias sobre los acuíferos, para mejorar el control sobre las extracciones. La supervisión de éstas tiene, a su juicio, muchas lagunas por «falta de medios técnicos y humanos».

Otra conclusión interesante es la reutilización de aguas residuales.

Por su parte, Feragua logró el apoyo de los regantes en su batalla contra la «ecotasa» andaluza, prevista en el proyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua. Según el legislador, determinados cultivos (como los invernaderos) arrastran un riesgo de contaminación especial por el uso de abonos o pesticidas.

Según Feragua, el impuesto ecológico gravará unos 240 hectómetros cúbicos con una cuota unitaria media de 0,044 euros por metro cúbico, lo que significa una recaudación de 10,56 millones de euros