Environmental minister pass a new directive that will force to realize flood risk maps
Wed, 28/06/2006
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea alcanzaron hoy por unanimidad un acuerdo político sobre la directiva de evaluación y gestión de inundaciones, que tiene como principal objetivo reducir el riesgo de estos fenómenos naturales tanto en las cuencas de los ríos como en las zonas costeras. La norma obligará a los Estados miembros a realizar una evaluación de riegos, a preparar mapas con las zonas geográficas con mayor peligro de inundarse, y a diseñar planes de gestión de crisis.
Los Veinticinco pactaron finalmente que la directiva se aplique a todo el territorio comunitario y no sólo a las cuencas hidrográficas transfronterizas, como defendían inicialmente Reino Unido y Suecia.
Asimismo, retrasaron el calendario de aplicación propuesto por la Comisión, que preveía finalizar la evaluación de riesgos en 2010. Los ministros prorrogaron esta fecha hasta el 22 de diciembre de 2012, aunque mantuvieron en 2015 la fecha para la elaboración de mapas de riesgos.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, destacó la "gran importancia" de la directiva para prevenir y hacer frente a las "gravísimas consecuencias" de las inundaciones en términos humanos y medioambientales. Agradeció que la norma recoja, a petición de España, las "características específicas" de los ríos mediterráneos, con sus "avenidas torrenciales y cauces discontinuos".
No obstante, lamentó que el texto final no exija una "mayor precisión" en la evaluación de riesgos. A su juicio, no es suficiente con describir las inundaciones que se han producido en el pasado, sino que debería obligarse a analizar las consecuencias negativas de futuras inundaciones, teniendo en cuenta la topografía, las características hidrológicas y la localización de las zonas pobladas. Ello serviría de "ayuda a los responsables públicos para tomar decisiones en materia de ordenación del territorio y urbanismo".
La directiva se basa en un enfoque en tres fases. En primer lugar, los Estados miembros tendrán que realizar una evaluación preliminar de riesgo en sus cuencas hidrográficas y zonas costeras. En segundo lugar, cuando se constate un peligro significativo, elaboraran mapas específicos de zonas propensas a inundarse. Finalmente, para estas áreas tendrán que poner en marcha planes de gestión.
Los planes de gestión incluirán todo tipo de medidas para reducir la probabilidad de inundación y sus consecuencias. Deberán centrarse específicamente en prevención (por ejemplo, evitando la construcción en zonas inundables); protección (con medidas para reducir el impacto de inundaciones en un área específica); y preparación (con instrucciones de seguridad para ciudadanos que habiten en una determinada zona).
La directiva pretende reforzar la cooperación entre los Estados miembros, dado que al menos el 80% de los ríos europeos atraviesan varios países. Para ello, señala que los países tendrán que alcanzar una solución acordada cuando el plan de gestión de inundaciones elaborado por uno de ellos pueda tener consecuencias negativas.
También permite que los Estados miembros que ya hayan iniciado la evaluación de riesgos y la elaboración de mapas no tengan que empezar de nuevo desde cero y puedan aprovechar el trabajo realizado, siempre que concluya antes del 22 de diciembre de 2010. Es el caso, especialmente, de Reino Unido. Finalmente, se prevé que los mapas de riesgos se revisen por primera vez en 2019 y los planes de gestión en 2021. A partir de ese momento, tendrán que ponerse al día cada seis años.
La Eurocámara ya dio su visto bueno inicial al texto, y ahora se espera que la ratifique en segunda lectura sin demasiados cambios, con lo que podría entrar en vigor durante el primer semestre de 2007. El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó que las inundaciones provocan muchas muertes y daños económicos y se harán más frecuentes con el cambio climático. "Esta directiva ayudará a las autoridades públicas en Europa a gestionar la amenaza de las inundaciones y a proteger a la población y los recursos económicos de manera más eficaz", dijo.
Entre 1998 y 2004 Europa sufrió más de 100 inundaciones graves, entre ellas los desbordamientos del Danubio y el Elba en 2002, ocasionando más de 700 muertes y múltiples desplazamientos. En verano de 2005 sufrieron inundaciones Austria, Bulgaria, Francia, Alemania y Rumanía.
OBSERVATORIO SOBRE LA SEQUÍA
Los ministros de Medio Ambiente discutieron también sobre la sequía a partir de un documento elaborado por el Ejecutivo comunitario que señala a la agricultura y al turismo como principales agravantes de este problema en el sur de Europa, y augura que el cambio climático empeorará la situación los próximos años.
Por parte de España intervino el consejero de Medio Ambiente de la región de Murcia, Benito Mercader, que reclamó a la Comisión que elabore una estrategia de la UE contra la sequía y la desertificación, que ponga en marcha un Observatorio sobre la Sequía, y que permita el uso del Fondo de Solidaridad para paliar las consecuencias económicas de la falta de agua.
La petición de una estrategia comunitaria sobre la sequía fue respaldada a continuación por Francia, que reclamó que se presente en el Consejo de Medio Ambiente de diciembre de 2006. Stavros Dimas respondió que el Ejecutivo comunitario necesita más datos e información de los Estados miembros para comprender mejor la situación y no tiene claro si será posible poner en marcha esta estrategia.
Los Veinticinco pactaron finalmente que la directiva se aplique a todo el territorio comunitario y no sólo a las cuencas hidrográficas transfronterizas, como defendían inicialmente Reino Unido y Suecia.
Asimismo, retrasaron el calendario de aplicación propuesto por la Comisión, que preveía finalizar la evaluación de riesgos en 2010. Los ministros prorrogaron esta fecha hasta el 22 de diciembre de 2012, aunque mantuvieron en 2015 la fecha para la elaboración de mapas de riesgos.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, destacó la "gran importancia" de la directiva para prevenir y hacer frente a las "gravísimas consecuencias" de las inundaciones en términos humanos y medioambientales. Agradeció que la norma recoja, a petición de España, las "características específicas" de los ríos mediterráneos, con sus "avenidas torrenciales y cauces discontinuos".
No obstante, lamentó que el texto final no exija una "mayor precisión" en la evaluación de riesgos. A su juicio, no es suficiente con describir las inundaciones que se han producido en el pasado, sino que debería obligarse a analizar las consecuencias negativas de futuras inundaciones, teniendo en cuenta la topografía, las características hidrológicas y la localización de las zonas pobladas. Ello serviría de "ayuda a los responsables públicos para tomar decisiones en materia de ordenación del territorio y urbanismo".
La directiva se basa en un enfoque en tres fases. En primer lugar, los Estados miembros tendrán que realizar una evaluación preliminar de riesgo en sus cuencas hidrográficas y zonas costeras. En segundo lugar, cuando se constate un peligro significativo, elaboraran mapas específicos de zonas propensas a inundarse. Finalmente, para estas áreas tendrán que poner en marcha planes de gestión.
Los planes de gestión incluirán todo tipo de medidas para reducir la probabilidad de inundación y sus consecuencias. Deberán centrarse específicamente en prevención (por ejemplo, evitando la construcción en zonas inundables); protección (con medidas para reducir el impacto de inundaciones en un área específica); y preparación (con instrucciones de seguridad para ciudadanos que habiten en una determinada zona).
La directiva pretende reforzar la cooperación entre los Estados miembros, dado que al menos el 80% de los ríos europeos atraviesan varios países. Para ello, señala que los países tendrán que alcanzar una solución acordada cuando el plan de gestión de inundaciones elaborado por uno de ellos pueda tener consecuencias negativas.
También permite que los Estados miembros que ya hayan iniciado la evaluación de riesgos y la elaboración de mapas no tengan que empezar de nuevo desde cero y puedan aprovechar el trabajo realizado, siempre que concluya antes del 22 de diciembre de 2010. Es el caso, especialmente, de Reino Unido. Finalmente, se prevé que los mapas de riesgos se revisen por primera vez en 2019 y los planes de gestión en 2021. A partir de ese momento, tendrán que ponerse al día cada seis años.
La Eurocámara ya dio su visto bueno inicial al texto, y ahora se espera que la ratifique en segunda lectura sin demasiados cambios, con lo que podría entrar en vigor durante el primer semestre de 2007. El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó que las inundaciones provocan muchas muertes y daños económicos y se harán más frecuentes con el cambio climático. "Esta directiva ayudará a las autoridades públicas en Europa a gestionar la amenaza de las inundaciones y a proteger a la población y los recursos económicos de manera más eficaz", dijo.
Entre 1998 y 2004 Europa sufrió más de 100 inundaciones graves, entre ellas los desbordamientos del Danubio y el Elba en 2002, ocasionando más de 700 muertes y múltiples desplazamientos. En verano de 2005 sufrieron inundaciones Austria, Bulgaria, Francia, Alemania y Rumanía.
OBSERVATORIO SOBRE LA SEQUÍA
Los ministros de Medio Ambiente discutieron también sobre la sequía a partir de un documento elaborado por el Ejecutivo comunitario que señala a la agricultura y al turismo como principales agravantes de este problema en el sur de Europa, y augura que el cambio climático empeorará la situación los próximos años.
Por parte de España intervino el consejero de Medio Ambiente de la región de Murcia, Benito Mercader, que reclamó a la Comisión que elabore una estrategia de la UE contra la sequía y la desertificación, que ponga en marcha un Observatorio sobre la Sequía, y que permita el uso del Fondo de Solidaridad para paliar las consecuencias económicas de la falta de agua.
La petición de una estrategia comunitaria sobre la sequía fue respaldada a continuación por Francia, que reclamó que se presente en el Consejo de Medio Ambiente de diciembre de 2006. Stavros Dimas respondió que el Ejecutivo comunitario necesita más datos e información de los Estados miembros para comprender mejor la situación y no tiene claro si será posible poner en marcha esta estrategia.