Environmental department is preparing a new law to avoid river locking
Thu, 06/07/2006
La decisión de algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Andalucía, de «blindar» a través de sus reformas estatutarias el agua de los ríos que pasan por sus territorios no figuraba en el orden del día de la reunión de ayer del Consejo Nacional del Agua, órgano asesor del Gobierno en esta materia. Una ausencia muy comentada entre los consejeros y representantes de usuarios del agua que asistían a esta convocatoria. La razón es que el Ministerio de Medio Ambiente está preparando una norma en la que se remarcarán las competencias del Estado en la planificación fluvial ante los ataques, en forma de estatuto, que se están recibiendo desde algunos territorios.
Esto no significa que las comunidades autónomas no puedan intervenir en la política hidráulica y la gestión de las Confederaciones Hidrográficas. Es más, el propio director general del Agua, Jaime Palop, anunció por la mañana que «las comunidades tendrán una mayor participación en las cuencas intercomunitarias». A este respecto, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó a ABC antes del comienzo de la reunión que «la reforma de las confederaciones hidrográficas pasa, sin ninguna duda, por atribuir una mayor corresponsabilidad en la gestión del agua en las grandes cuencas de los ríos». Eso sí, Narbona insistió en que esto «nada tiene que ver con el blindaje al que se hace referencia en algunos momentos, puesto que las grandes decisiones, la planificación hidrológica y todo aquello que en una cuenca pueda significar un efecto de un territorio sobre otro seguirá estando en el ámbito de decisión del Gobierno de la Nación».
Hipotecar los ríos
Ésta era precisamente una de las demandas de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), cuyo presidente, Andrés del Campo, aseguró que «es un grave error político que los recientes Estatutos de Autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado central, tal y como reconoce la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2». En este sentido, el representante de los regantes insistió en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar «la instrumentalización del uso del agua, que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar «guerras» del agua».
Así las cosas, entre los puntos que se discutieron en la reunión de ayer está el borrador de Real Decreto por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Esta nueva figura es la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. Aunque para fijar estos nuevos ámbitos de planificación, derivados de la directiva comunitaria, se ha intentado respetar la actual configuración de las Confederaciones Hidrográficas, habrá alguna nueva como Miño-Limia, hasta ahora incluida en la cuenca del Norte, y las que puedan derivarse de la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas para sus cuencas internas. Además, en cuanto a las cuencas internacionales, como las compartidas con Portugal (Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana) la gestión se hará, en este caso, a través del convenio de Albufeira, y para otras cuencas compartidas (Francia, Andorra y Marruecos) se firmarán nuevos convenios.
Pocos avances en el PHN
Además, el Ministerio de Medio Ambiente presentó al Consejo Nacional del Agua un informe sobre la marcha de las infraestructuras y actuaciones recogidas en el Plan Hidrológico Nacional. De él se desprende que de la inversión prevista desde 2001 a 2008, un total de 26.814 millones de euros, ya se ha ejecutado, hasta julio de 2005, el 20 por ciento, esto es, 5.376 millones. Sin embargo, las actuaciones terminadas sólo representan el 12 por ciento (3.156 millones) de ese presupuesto total. Para el director general del Agua, Jaime Palop, este «bajo ritmo de ejecución en el periodo 2001-2004 va a hacer inviable cumplir los plazos que la ley del PHN marcaba». No obstante, Palop no supo especificar los datos para el periodo 2004-2006.
Esto no significa que las comunidades autónomas no puedan intervenir en la política hidráulica y la gestión de las Confederaciones Hidrográficas. Es más, el propio director general del Agua, Jaime Palop, anunció por la mañana que «las comunidades tendrán una mayor participación en las cuencas intercomunitarias». A este respecto, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó a ABC antes del comienzo de la reunión que «la reforma de las confederaciones hidrográficas pasa, sin ninguna duda, por atribuir una mayor corresponsabilidad en la gestión del agua en las grandes cuencas de los ríos». Eso sí, Narbona insistió en que esto «nada tiene que ver con el blindaje al que se hace referencia en algunos momentos, puesto que las grandes decisiones, la planificación hidrológica y todo aquello que en una cuenca pueda significar un efecto de un territorio sobre otro seguirá estando en el ámbito de decisión del Gobierno de la Nación».
Hipotecar los ríos
Ésta era precisamente una de las demandas de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), cuyo presidente, Andrés del Campo, aseguró que «es un grave error político que los recientes Estatutos de Autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado central, tal y como reconoce la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2». En este sentido, el representante de los regantes insistió en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar «la instrumentalización del uso del agua, que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar «guerras» del agua».
Así las cosas, entre los puntos que se discutieron en la reunión de ayer está el borrador de Real Decreto por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Esta nueva figura es la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. Aunque para fijar estos nuevos ámbitos de planificación, derivados de la directiva comunitaria, se ha intentado respetar la actual configuración de las Confederaciones Hidrográficas, habrá alguna nueva como Miño-Limia, hasta ahora incluida en la cuenca del Norte, y las que puedan derivarse de la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas para sus cuencas internas. Además, en cuanto a las cuencas internacionales, como las compartidas con Portugal (Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana) la gestión se hará, en este caso, a través del convenio de Albufeira, y para otras cuencas compartidas (Francia, Andorra y Marruecos) se firmarán nuevos convenios.
Pocos avances en el PHN
Además, el Ministerio de Medio Ambiente presentó al Consejo Nacional del Agua un informe sobre la marcha de las infraestructuras y actuaciones recogidas en el Plan Hidrológico Nacional. De él se desprende que de la inversión prevista desde 2001 a 2008, un total de 26.814 millones de euros, ya se ha ejecutado, hasta julio de 2005, el 20 por ciento, esto es, 5.376 millones. Sin embargo, las actuaciones terminadas sólo representan el 12 por ciento (3.156 millones) de ese presupuesto total. Para el director general del Agua, Jaime Palop, este «bajo ritmo de ejecución en el periodo 2001-2004 va a hacer inviable cumplir los plazos que la ley del PHN marcaba». No obstante, Palop no supo especificar los datos para el periodo 2004-2006.