El Gobierno busca un pacto sobre el agua para zanjar el debate en los estatutos
Rambla: «Quiere evitar que se declaren inconstitucionales»

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el «agua es un tema de Estado» y que, por lo tanto, la gestión del agua «debe constituirse en una gestión de Estado». Según indicó, el Ejecutivo «está desde el primer día» por acordar una política del agua «que dé satisfacción de manera equilibrada a los intereses de todos los ciudadanos y territorios, vivan donde vivan y sea cual sea el territorio», lo cual, apostilló, «no es tarea sencilla». De la Vega se expresó en estos términos al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por una información publicada ayer por El País, según la cual el Gobierno trabaja en un documento sobre el agua que pretende consensuar con las autonomías en la próxima conferencia de presidentes. Según esta información, el Ejecutivo trataría de cambiar en el Congreso las reformas estatutarias de Castilla-La Mancha y Aragón que incluyen medidas de política hidrológica sobre los ríos Tajo y Ebro, respectivamente.

Sobre esta cuestión la vicepresidenta aseguró: «El presidente no va a tomar otra decisión más que la que se tome en el Parlamento en nuestros Estatutos», dijo, si bien precisó que el procedimiento constitucional y estatutario exige «aunar la voluntad territorial con la de la soberanía nacional».
En este sentido, recordó que a las Corts Generales ha llegado ya el Estatuto de la Comunitat Valenciana, que fue acordado y aprobado; el de Aragón, que se «está negociando»; el de Baleares, que se está «acordando»; y que lo mismo sucederá cuando le toque el turno al de Castilla-La Mancha.

«Ese es el ámbito», enfatizó De la Vega, que indicó que de la misma forma que en los estatutos ya aprobados se acordaron «dos voluntades», la territorial con la soberanía nacional, «en los siguientes este tema se seguirán acordando de la misma manera».

Cabe recordar que el Congreso de los Diputados rebajó el contenido del articulo 17 del proyecto de reforma del Estatuto valenciano en el que se garantiza el derecho de los valencianas a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias. No obstante, Aragón ha recurrido al Constitucional este artículo por entender que supone exigir el trasvase del Ebro. El Consell, por su parte, ha recurrido la regulación del agua en el Estatuto catalán y amenaza con hacer lo propio con los estatutos de Castilla-La Mancha y Aragón si no son modificados en su trámite en Madrid. La guerra del agua enfrenta tanto a los líderes autonómicos del PSPV como a los del PP. Los populares han respaldado las propuestas de reforma en Castilla-La Mancha y Aragón.
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, trató ayer de pasar por alto las diferencias en el seno de su partido y se centró en atacar al Gobierno central por su «política errática» en materia hídrica. Rambla se mostró convencido de que el Gobierno de Zapatero busca «evitar el escándalo que supondría» que los estatutos de comunidades gobernadas por el PSOE sean declarados inconstitucionales. El portavoz del Consell confirmó que el presidente asistirá a la conferencia de presidentes que se celebrará en diciembre si se aborda el tema del agua, ya que el mismo reivindicó que este fuera un asunto central en la reunión.