Durante 2006, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) abrió expediente y sancionó a 266 ayuntamientos y 484 empresas y particulares por vertidos contaminantes. El importe de las multas superó los cinco millones de euros. Pese a que la normativa europea obliga a tratar desde diciembre de 2005 las aguas en la localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes (población estimada a efectos de depuración, que es siempre mayor), aún hay muchas que vierten sin más a la cuenca. Los casos más llamativos son los de Morón (Sevilla), Íllora (Granada) y Úbeda (Jaén).
El agua representa un problema siempre para Andalucía: no sólo es escasa y está mal repartida, además su tratamiento es insuficiente y el índice de contaminación por los vertidos a sus ríos demasiado alto. Aunque en los últimos 15 años, la cuenca del Guadalquivir ha registrado grandes avances (ya no se ve el cauce negro desde Jaén por el alpechín que desprendían las almazaras), el 30% de las aguas residuales que recibe no están depuradas. Según el comisario de Aguas, Javier Serrano, la suciedad que llega al río es orgánica y procede de la industria agroalimentaria (mataderos, granjas, conservas, manufactura de la aceituna) y de los residuos urbanos de los núcleos de población. 'Esto no quiere decir que no tenga importancia', matiza, 'porque la materia orgánica absorbe el oxígeno y acaba con la vida, pero es más fácil de eliminar que si se tratara de metales pesados'.
Salvos episodios puntuales o accidentales, la contaminación es fruto del vertido constante sin ningún tipo de tratamiento. Esto ocurre en la mitad de los puntos de la cuenca desde donde se evacuan aguas residuales, si bien se trata de poblaciones pequeñas, ya que todas las grandes aglomeraciones cuentan con sistemas de saneamiento. La CHG inspecciona con periodicidad gradual los vertidos, según su volumen y toxicidad. Durante 2006, abrió expediente y sancionó a 266 ayuntamientos y 484 empresas y particulares por vertidos contaminantes. El importe de las multas superó los cinco millones de euros.
Las indemnizaciones impuestas alcanzaron un nivel muy inferior: 366.545 euros. 'Las indemnizaciones tienen un valor simbólico', explica Serrano, 'porque lo que se cuantifica es lo que hubiera costado depurar esas aguas, pero no el coste real del daño, que es mucho mayor'. El comisario de Aguas también advierte de que hay muchos vertidos que se escapan sin expediente porque no se hace a tiempo el análisis del agua. 'Por ejemplo, llaman el otro día de Pilas y me dicen que se ha detectado un agua pestosa, pero no se toman muestras hasta 15 días después'.
Además de las materias orgánicas de desecho, el otro factor contaminante del Guadalquivir son los fertilizantes y herbicidas, cuyo uso debe racionalizarse, en opinión de Javier Serrano. 'No hay una alternativa mejor, porque si los agricultores aran para quitar las malas hierbas, la tierra se desplazan y cubren de fango los embalses. Y es peor'.
La directiva europea de aguas obliga a tratar desde diciembre de 2005 las aguas residuales en la localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes, (población estimada a efectos de depuración, que es siempre mayor). Para las ciudades medias, la Junta de Andalucía actúa en auxilio técnico, y a través de convenios y protocolos, financia el 60% del coste de las depuradoras y colectores.
Sin embargo, no siempre hay acuerdo, y existen todavía poblaciones de envergadura que no tienen ni siquiera depuradora. Los municipios suelen culpar a la Junta, pero ésta se defiende. Según una portavoz de la Agencia del Agua, en muchos casos esperan durante años que el ayuntamiento ceda un terreno para construir la estación de depuraciones. Otras veces los municipios prefieren utilizar las aguas residuales para riego agrícola (normalmente olivar), pero hay pueblos del área metropolitana de Granada que incluso evacuan directamente a acequias que abastecen a cultivos de verduras. También lo hacen algunos polígonos industriales de la misma zona, aunque ya han firmado un convenio para construir la depuradora.
La misma portavoz explica que el problema de fondo es que la mayoría de los ayuntamientos no presupuestan el mantenimiento de las infraestructuras y el personal especializado que requieren las estaciones. Para solucionar este problema, se trabaja en propuestas con tecnología más baratas para los pueblos pequeños, que suponen el 32% de la población de todas las cuencas de Andalucía. En cualquier caso, la futura ley de Aguas establece que la ejecución y gestión de las depuradoras pasen a manos de la Junta para garantizar el saneamiento.