Ministery of Environment started 1,874 proceedings in 2006 to punish river damages
Tue, 06/03/2007
La Consejería de Medio Ambiente abrió en 2006 un total de 1.874 expedientes sancionadores por el mal uso de los ríos bajo su competencia. La Junta es responsable de los ríos que vierten sus aguas en el Mediterráneo desde 2005, y de los que lo hacen en el Atlántico, desde 2006. No tiene competencia todavía sobre el Guadalquivir. La mayoría de los expedientes se tramitaron por vertidos ilegales. La consejera, Fuensanta Coves, afirmó ayer: 'Los ríos andaluces tienen que dejar de ser cloacas o vertederos donde los ayuntamientos o las industrias viertan sus desechos'.
La sangría contaminante que viven los ríos bajo competencia de la Junta se ha convertido en una de las primeras líneas de batalla de Medio Ambiente. De los 1.874 expedientes sancionadores por daños a los río, 1.553 se produjeron por episodios vividos en los ríos de la cuenca mediterránea, cuya competencia recaen en la Junta desde el 1 de enero de 2005 y que comprende desde el Campo de Gibraltar hasta el límite oriental de la provincia de Almería, pasando por Málaga y la costa tropical granadina.
La provincia en la que se vivieron más sucesos contaminantes fue Málaga, en la que se tramitaron 910 expedientes sancionadores. Después se sitúan Almería, con 337; Granada con 227 y Cádiz con 79.
Por su parte, en los cursos de agua de la cuenca atlántica (responsabilidad de la Junta desde 2006), que discurre desde las cuencas del Guadalete y Barbate hasta la provincia de Huelva, se abrieron 321 expedientes por daños. 198 se tramitaron en Cádiz (ríos Guadalete y Barbate), mientras que 123 lo fueron en Huelva (ríos Chanza, Piedras, Odiel y Tinto). También se instruyeron 196 diligencias previas en Cádiz y 119 en Huelva que, con mucha probabilidad, en un alto porcentaje terminarán en expediente sancionador, según la Junta.
La mayoría de estos expedientes fueron abiertos por vertidos en los ríos, pero también se dan casos de capturas ilegales de agua, abandono de escombros, ejecución de caminos sin autorización, destrozo en la vegetación, extracción de áridos, taponamientos de cañadas y abandono de vehículos.
Uno de los últimos episodios de presuntos vertidos se ha vivido en la provincia de Málaga. Allí, Medio Ambiente ha abierto un expediente informativo para esclarecer las causas y la procedencia del presunto vertido en el Guadiaro a su paso por Benaoján, este fin de semana. Un río especialmente sensible, ya que se encuentra en el programa Ríos Vivos de Andalucía. Según dijo ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, el origen puede ser un matadero cercano al que se le ha abierto expediente.
Coves advirtió en Mazagón (Huelva) que la Junta va ser severa, como ya lo ha sido con la retirada de competencias sobre vertidos al Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla). 'Vamos a pelear y luchar para que los ríos vuelvan a ser ríos con vida y con el uso que deben de tener', prosiguió.
En este sentido, señaló que no se descartan la retirada de más competencias en materia de vertidos a otros ayuntamientos que continúen con su proceder irregular. 'Medio Ambiente no va a cerrar los ojos ante este tipo de incidentes. Nos estamos tomando muy en serio las competencias en esta materia y vamos a trabajar para evitar este tipo de vertidos a nuestros ríos', dijo Coves, quien recordó que la ley permite multas de hasta 300.000 euros a quien infrinja la normativa.
La sangría contaminante que viven los ríos bajo competencia de la Junta se ha convertido en una de las primeras líneas de batalla de Medio Ambiente. De los 1.874 expedientes sancionadores por daños a los río, 1.553 se produjeron por episodios vividos en los ríos de la cuenca mediterránea, cuya competencia recaen en la Junta desde el 1 de enero de 2005 y que comprende desde el Campo de Gibraltar hasta el límite oriental de la provincia de Almería, pasando por Málaga y la costa tropical granadina.
La provincia en la que se vivieron más sucesos contaminantes fue Málaga, en la que se tramitaron 910 expedientes sancionadores. Después se sitúan Almería, con 337; Granada con 227 y Cádiz con 79.
Por su parte, en los cursos de agua de la cuenca atlántica (responsabilidad de la Junta desde 2006), que discurre desde las cuencas del Guadalete y Barbate hasta la provincia de Huelva, se abrieron 321 expedientes por daños. 198 se tramitaron en Cádiz (ríos Guadalete y Barbate), mientras que 123 lo fueron en Huelva (ríos Chanza, Piedras, Odiel y Tinto). También se instruyeron 196 diligencias previas en Cádiz y 119 en Huelva que, con mucha probabilidad, en un alto porcentaje terminarán en expediente sancionador, según la Junta.
La mayoría de estos expedientes fueron abiertos por vertidos en los ríos, pero también se dan casos de capturas ilegales de agua, abandono de escombros, ejecución de caminos sin autorización, destrozo en la vegetación, extracción de áridos, taponamientos de cañadas y abandono de vehículos.
Uno de los últimos episodios de presuntos vertidos se ha vivido en la provincia de Málaga. Allí, Medio Ambiente ha abierto un expediente informativo para esclarecer las causas y la procedencia del presunto vertido en el Guadiaro a su paso por Benaoján, este fin de semana. Un río especialmente sensible, ya que se encuentra en el programa Ríos Vivos de Andalucía. Según dijo ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, el origen puede ser un matadero cercano al que se le ha abierto expediente.
Coves advirtió en Mazagón (Huelva) que la Junta va ser severa, como ya lo ha sido con la retirada de competencias sobre vertidos al Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla). 'Vamos a pelear y luchar para que los ríos vuelvan a ser ríos con vida y con el uso que deben de tener', prosiguió.
En este sentido, señaló que no se descartan la retirada de más competencias en materia de vertidos a otros ayuntamientos que continúen con su proceder irregular. 'Medio Ambiente no va a cerrar los ojos ante este tipo de incidentes. Nos estamos tomando muy en serio las competencias en esta materia y vamos a trabajar para evitar este tipo de vertidos a nuestros ríos', dijo Coves, quien recordó que la ley permite multas de hasta 300.000 euros a quien infrinja la normativa.