En pie de guerra. Así están las empresas embotelladoras de agua mineral y las que prestan servicios saludables con aguas termales ante el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno central y que pretende convertir en bien de dominio público un recurso que lleva siglos explotándose como privado. Al igual que el resto del sector español, los diez balnearios radicados en nuestra Comunidad y las siete compañías que comercializan agua de manantiales aragoneses se oponen frontalmente a la futura normativa, que confían sea retirada. "Es una expropiación encubierta", denuncian.

La normativa que está elaborando el Ejecutivo quiere integrar a los manantiales minerales en el régimen de la ley de Aguas, igualándolas al resto de recursos del país. Se declararían de dominio público, aunque seguirían explotándose de forma privada mediante concesiones. Para las empresas envasadoras, el plazo sería de 60 años, mientras que para los balnearios se ampliaría hasta los 150. Además, para explotar estos recursos, sería obligatorio pedir concesiones administrativas y pagar impuestos a los respectivos Ayuntamientos. "Es como si de la noche a la mañana te quitaran el piso en el que vives y te dijeran que puedes seguir viviendo en él durante unos años, pero pagando un canon. Lo que pretende el Gobierno es muy fuerte", critica el presidente de la Asociación Aragonesa de Balnearios, Antonio García, y director de Sicilia, en Jaraba. Esta
organización, al igual que su colega nacional, ha presentado ya alegaciones al anteproyecto de ley, que considera "inconstitucional", no sólo por "la vulneración del derecho de propiedad", sino también por la "injerencia de competencias" que supone por parte del Estado.

Según recuerda su presidente, Aragón ya tiene estas competencias reguladas en su Estatuto. "El Estado no tiene por qué legislar, y mucho menos sin contar con las Comunidades Autónomas", reitera. Por eso, se han mantenido también contactos con la DGA, a cuyo consejero de Industria, Arturo Aliaga, y al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, les han remitido las alegaciones.

La asociación aragonesa está a la espera ahora de que el Gobierno conteste a su escrito y espera que la normativa acabe decayendo. "Confiamos en que sea un globo sonda -señala-, escuchen nuestra opinión, se imponga la sensatez y acaben retirando el anteproyecto definitivamente, como sucedió con la ley del vino". En su defensa, García recuerda que este sector genera "mucho empleo y mucha riqueza", además, en zonas rurales, y que constituye un "atractivo" para el turismo aragonés.

Tampoco les ha gustado nada el anteproyecto a las empresas envasadoras de agua. Aunque todas remiten a la Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebida Envasada (Aneabe), las embotelladoras que trabajan en la Comunidad y obtienen el agua de manantiales aragoneses no ocultan su preocupación. Así sucede, por ejemplo, en Manantiales del Piedra, S. A., que comercializa el agua mineral Fontecabras, de Jaraba. Lo mismo piensan en Aguas Sierra del Águila, que opera en Cariñena y que se muestran afectados por una noticia que no entienden muy bien "a qué viene".

La Asociación que agrupa a todas estas empresas, muchas de las cuales han sido compradas en los últimos años por multinacionales, mostró su posición en febrero, cuando se les comunicó la intención del Gobierno. Entonces, calificó la medida de "insólita y aberrante, al vulnerar brutalmente la propiedad privada, lo que genera una gran inseguridad jurídica". "El Ejecutivo ha decidido cambiar las reglas del jueguen medio del partido y eso es inaceptable. Apelamos al sentido común para que se retire ese anteproyecto", explicaba entonces su secretaria general, Irene Zafra. Ahora, sin embargo, la entidad prefiere mantenerse en silencio a la espera de ver qué movimientos realiza el Gobierno.