El parque nacional de las Tablas de Daimiel está viviendo uno de los momentos más difíciles de su milenaria historia. El número de hectáreas encharcadas ha vuelto a disminuir tras el trasvase de agua procedente de la cuenca del Tajo-Segura, que llegó al parque durante el pasado verano, y que llegó a inundar más de 200 hectáreas del espacio protegido. Hoy, la falta de agua, la sequía generalizada, la utilización de pozos ilegales que están secando el acuífero 23, del que se abastece este humedal, amén de las peleas políticas por los trasvases, han provocado que, de las casi 2.000 hectáreas susceptibles de ser inundadas, sólo 18 de ellas se encuentran hoy encharcadas. Y eso gracias a los bombeos de agua de emergencia que se llevan a cabo de manera esporádica a través de dos pozos habilitados para ello. Incluso hace varios meses ya surgieron los primeros comentarios sobre la posible pérdida de la catalogación de parque nacional de este paraje. No obstante, las Tablas de Daimiel siguen siendo uno de los referentes turísticos más importantes de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, como lo demuestra la visita de cientos de personas que, diariamente, disfrutan del lugar. De los tres recorridos previstos para el visitante, sólo el conocido como «Isla del Pan» mantiene la superficie inundada, aunque un paseo por las Tablas durante el otoño siempre es un espectáculo para los sentidos. Llega el ansiado PEAG Uno de los últimos intentos por salvaguardar este parque nacional fue la firma, el pasado mes de octubre, del protocolo de colaboración para el desarrollo del Plan Especial del Alto Guadiana, entre Gobierno central y Junta de Castilla-La Mancha, por el que se comprometieron a invertir en este espacio natural 3.000 millones de euros en los próximos ocho años. El Plan Especial del Alto Guadiana es un documento elaborado por distintos organismos y asociaciones para «frenar la sobreexplotación» de los acuíferos del Alto Guadiana, el 23 y 24, y para hacer compatible esto con el desarrollo económico y social de la comarca, basada principalmente en la agricultura. En el caso concreto de las Tablas, se comprarán derechos de agua y fincas colindantes, que dejarán de tener así uso agrícola, y se invertirá en reforestación y en la restauración ambiental de la zona. No obstante, tal y como apuntó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hace algunos días, «para que el parque se recupere plenamente, hay que recobrar un equilibrio ecológico perdido desde los años 60 y 70, cuando hubo un amplio proceso de desecación para la agricultura, por lo que nos llevará bastantes años». Para el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, por su parte, el desarrollo del PEAG «era urgente porque los acuíferos de la zona están en números rojos», a lo que añadió que «es posible un desarrollo sostenible en la zona, salvaguardando los recursos naturales para generaciones futuras y manteniendo el nivel de renta de los agricultores». Aprovechar la oportunidad Diversas organizaciones agrarias y plataformas ciudadanas ven el Plan como la «última solución fiable» para recuperar el humedal ya que, después de sucesivas actuaciones y de polémicos trasvases de última hora, «se necesita de un paquete de medidas que garanticen el equilibrio medioambiental en un futuro». En ese sentido, la plataforma «Movimiento por las Tablas» ha pedido que se aproveche esta nueva oportunidad para invertir la situación y apostar por una recuperación del cauce y el caudal del Guadiana como única manera de que las Tablas de Daimiel experimenten alguna mejoría en su continuo mal estado. De esta forma, el Plan Especial del Alto Guadiana prevé la aplicación de varios programas que garanticen sus objetivos de sostenibilidad medioambiental y actividad económica. Entre ellos destacan, la reordenación y compra de terrenos y derechos de agua por valor de unos 800 millones de euros; un programa de ayudas para el mantenimiento racional de regadío o su transformación a secano, con un coste superior a los 900 millones o medidas de control del consumo de agua con la instalación de caudalímetros, que costará unos 430 millones. También habrá una partida de casi 600 millones de euros para apoyar en la búsqueda de alternativas económicas a la agricultura, además de un programa de abastecimiento, saneamiento y depuración, al que se destinarán otros 800 millones.