Los peores augurios se confirman. Desde principios de año la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la conselleria de Medi Ambient i Habitatge advertían de que la escasez de lluvia en Cataluña y el lento pero constante descenso de las reservas provocarían «posibles episodios de sequía». Incluso, en un osado pronóstico aventuraban las fases de sequía que atravesarían las cuencas internas, siempre poniéndose en lo peor Y, por desgracia, acertaron. Cataluña sufre ahora la peor falta de agua vivida en la última década. De momento, las restricciones tan sólo afectan a los usos agrícolas, la generación de energía hidroélectrica y obligan a establecer límites para el riego de parques y jardines. Pero, si el cielo no empieza a regalar lluvia, dentro de sólo tres meses, en marzo saltarán las alarmas y las restricciones afectarán también al uso doméstico.La situación no es nueva y se arrastra desde hace meses. Ya el pasado enero los embalses estaban al 48,4% de su capacidad, una cifra alarmante pero que ha ido descendiendo hasta alcanzar una cuota que ronda el 30% en la actualidad. Así que desde la ACA alertan de que si la escasez de lluvias continúa «las reservas que hay hoy en día sólo nos permitirían seguir hasta marzo sin aplicar restricciones».La disminución del consumo del agua, la recuperación de los acuíferos y en el peor de los casos la aplicación de un decreto de sequía similar al de 2005: ésas eran las medidas que desde principios de año propugnaba la ACA y que, a tenor de lo acaecido, se han viso en la obligación de aplicar e incluso de ampliar. La sombra de la sequía de 2005 acechaba a los embalses catalanes desde principios de enero y ahora, cuando ya finaliza el año se puede afirmar que «desgraciadamente este año está siendo muy similar a 2005», dicen fuentes de la ACA. En el informe que la ACA realizó el pasado lunes -realiza uno o dos al mes en una medida que persigue la sensibilización depara sensibilizar a la población- afirmaba que «todas las cuencas catalanas se encuentran en situación de excepcionalidad, incluida la de Ridaura». Desde la conselleria que dirige Francesc Baltasar y desde la ACA se acepta que «desgraciadamente estamos a expensas del clima», pero eso no les exime de tomar medidas encaminadas a paliar la crisis. En ese sentido, el pasado 16 de noviembre la Agència Catalana de l'Aigua prorrogó el Decreto de sequía, cuyo plazo vencía el 31 de diciembre de este año, hasta diciembre de 2008.En dicha normativa, que cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros, se prevén 24 actuaciones dirigidas a minimizar la crisis. Entre ellas está la posibilidad de avanzar las medidas de excepcionalidad de la fase dos a la uno, desarrollar todas las obras de emergencia destinadas a mejorar el abastecimiento en zonas vulnerables e incluso iniciar estrategias conjuntas con los municipios para gestionar los recursos. Dichas actuaciones beneficiarían a más de 150 municipios, un total de 4,7 millones de habitantes. La Generalitat por su parte, prevé trabajar de forma paralela al Plan Hidrológico Nacional y realizar un conjunto de actuaciones por valor de 1,3 millones de euros destinados, entre otras cosas, a acelerar el funcionamiento de la desalinizadora del Baix Llobregat.El punto álgido de la crisis qe ahora nos acecha se vivió en el mes de marzo cuando la cuenca de Ter-LLobregat entró en estado de excepcionalidad uno. Y es que el volumen del embalse de esta cuenca es el indicador más importante del estado de las reservas de la cuencas internas de Cataluña, además del más crítico, por ser el que abastece a un mayor número de población (4,4 millones de habitantes). Entonces la ACA disparaba las alarmas y anunciaba que la degradante situación de esta zona se había avanzado incluso a sus peores pronósticos. Así, se veían obligados a adoptar una medida in extremis: aprobar el decreto de medidas excepcionales de emergencia. Los embalses se encontraban al 40% de su capacidad y en el caso del Llobregat, la situación era más dramática al contar con tan sólo el 34%. Los estados de excepcionalidad, un baremo utilizado por la ACA, conllevan inevitablemente la aplicación de unas medidas más o menos restrictivas. Así, la fase uno implica garantizar la dotación máxima de 270 litros de agua por habitante y día, algo que en el caso de la cuenca Ter-Llobregat se complementa con la reducción de la dotación en un 15% o la substitución de los cabales destinados al riego agrícola. Estas dotaciones agrícolas quedan prohibidas en la fase dos, que además veta la utilización de agua con fines lúdicos.