La Unión Europea presentó el miércoles el nuevo plan de lucha contra el cambio climático por el que España deberá reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un diez por ciento y aumentar al 20 por ciento el consumo de energías renovables antes de 2020. Sin embargo, en Málaga sólo las dos desaladoras existentes en la capital y Marbella y la que se está construyendo en Mijas supondrán una emisión de gases de efecto invernadero equivalente a la contaminación que producen unos 48.000 vehículos.



A pesar de que la desalación se plantea como la mejor alternativa para garantizar el abastecimiento de recursos hídricos a la población en el futuro, a nadie se le escapa que también conlleva un importante coste ambiental debido a la electricidad que precisa para su funcionamiento. En el caso de una desaladora como la de Marbella, con capacidad para tratar unos 54.000 metros cúbicos de agua salada al día, se necesitan alrededor de 259.200 kilovatios de energía eléctrica para funcionar.



Si se tiene en cuenta que la generación de un sólo kilovatio supone la emisión de alrededor de 340 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera -según el dato extraído de un estudio elaborado por la Universidad de Málaga-, la planta de Marbella contaminaría lo mismo que 16.630 coches que realicen una media de 30 kilómetros al día.



Es la misma cantidad que se estima que emitirá la desaladora que se está construyendo en Mijas, que tendrá capacidad para tratar unos 20 hectómetros cúbicos de agua salada al año y que se prevé que esté lista a finales de 2008.



La planta desalobradora de El Atabal, sin embargo, contamina menos a pesar de que trata al día 160.000 metros cúbicos de agua para abastecer a toda la población de la capital malagueña. La razón es que los recursos hídricos que recibe no tienen una concentración tan elevada de sal al no ser agua de mar, por lo que no necesita tanta energía eléctrica para su tratamiento.



Pero a pesar de eso, se calcula que sus emisiones diarias de CO2 a la atmósfera equivalen a los gases que generan casi 15.400 vehículos.



El debate sobre la necesidad de construir más desaladoras o apostar por el almacenamiento de los recursos en los pantanos está servido. Sin embargo, la política llevada a cabo por la Junta de Andalucía desde que en enero de 2005 recibió las competencias del Gobierno central, muestra una clara apuesta por la desalación en la provincia de Málaga.



El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, lo tiene claro. La desalación es, en su opinión, el modelo 'más ecológico' para garantizar el abastecimiento del agua tal y como promulga la Unión Europea. Además, asegura que la tecnología que se aplica en las desaladoras 'está cada vez más desarrollada' y eso conlleva que tanto el coste económico como el energético 'sea cada vez más bajo'.



En cambio, el también director provincial de la Cuenca Mediterránea Andaluza opina que la construcción de un pantano supone la pérdida de biodiversidad de la zona y del caudal ecológico del río, además de 'acabar con una parte importante de la vegetación que actúa a su vez como sumidero de la contaminación'.



Pero lo cierto es que la desalación también conlleva un coste añadido en el precio del agua que muchos ayuntamientos no están dispuestos a aplicar en sus tarifas mientras exista la posibilidad de aprovechar los recursos embalsados. El gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), José Luis Rodríguez, considera que 'es absurdo que para no afectar a unas personas se esté optando por una tecnología más cara para todos'.



Es lo que el responsable de la empresa municipal denomina la 'paradoja de la sostenibilidad', ya que mientras la Unión Europea 'nos está pidiendo que reduzcamos las emisiones de CO2 para poner freno al cambio climático no paramos de construir desaladoras'.



El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, va más allá y señala que la solución para abastecer de agua a una provincia tan castigada por las sequía no pasa sólo por la desalación sino también por la reutilización y el mayor control de las administraciones en la adecuación de los consumos.



Los montes malagueños sólo pueden absorber algo menos de la mitad de todos los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en la provincia. La masa forestal de Málaga tiene la capacidad de fijar 945.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que se calcula que se emiten un 55 por ciento más. Como ejemplo, los bosques de la provincia sí pueden llegar a absorber los gases causantes del cambio climático que generan las 15 empresas malagueñas sujetas al protocolo de Kioto y que emitieron 841.843 toneladas de CO2 en 2006. Sin embargo, el sector de la industria solamente representa un tercio de la contaminación de Málaga, ya que el tráfico está considerado como el mayor foco contaminante debido a que el parque automovilístico no para de crecer y ya supera el millón de vehículos.