La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) alegó hoy que una de sus líneas prioritarias dentro de su actuación es combatir "cualquier nueva ilegalidad" para evitar que los problemas de la cuenca aumenten.


En declaraciones a a Europa Press, el comisario de Aguas, Javier Serrano, subrayó que es "difícil" solucionar los problemas de la cuenca si hay muchos riegos ilegales y estos continúan creciendo, de ahí que su estrategia se centre en "parar el problema" y "evitar los nuevos pozos" para ver a continuación cómo abordar esas situaciones ilegales que se han mantenido a lo largo del tiempo.


"Es fundamental paralizar inmediatamente las nuevas ilegalidades", recalcó Serrano, de ahí que insistiera en precisar que la política de la CHG es priorizar las actuaciones contra esas nuevas situaciones frente a "las antiguas", que llevan "un tratamiento administrativo más lento" y que además es posible resolver o regularizar de un modo u otro.


El comisario de Aguas explicó el modo de actuar de la CHG después de que la empresa Excavaciones y Riegos Asetnis y Bautista de Quesada (Jaén) anunciara hoy que ha emprendido acciones legales contra la CHG ante la "escandalosa discriminación" de este organismo por "permitir a unas comunidades regar y mantener intactas sus instalaciones en dominio público sin ninguna autorización" mientras que otras "no pueden ni siquiera iniciar las obras o les precintan y derriban sus instalaciones", según justificó la empresa jiennense.


En concreto, esta empresa aseguró que ha sufrido la ejecución de medida cautelar para inutilizar sus instalaciones "sin haber llegado a regar nunca, mientras decenas de comunidades sin concesión riegan y no les precintan ni derriban sus instalaciones construidas en dominio público, todas ellas perfectamente conocidas CGH y, alguna a la que asistió el secretario regional de UPA y el subdelegado del Gobierno en el desprecintado de las mismas", según recalcó.


Se da la circunstancia de que no es la primera vez que esta empresa anuncia que va a denunciar a la CHG, toda vez que en julio de 2006 afirmó que iba a denunciar a Tapia, después de que este les acusara públicamente de "estafar" a las comunidades de regantes con una serie de ofertas "ilegales" para la puesta en riego de cultivo, especialmente de olivar, dando por sentado que se tendrán las concesiones y derechos de agua.


En este caso en concreto, la empresa solicita que Tapia rectifique y retire esas acusaciones, pero que lo haga del mismo modo en el que las profirió o que al menos tengan la misma relevancia, si bien desde la CHG se negaron a cumplir este extremo y argumentaron que ya enviaron una nota en las que precisan las palabras de Tapia, medida que la empresa jiennense considera insuficiente.