Aunque Córdoba ha hecho los deberes en cuanto a ahorro de agua, mediante la modernización y contención de sus regadíos —al contrario que otras provincias vecinas—, sufrirá igual que el resto las restricciones que ya se dan por seguras en el ámbito agrario con una dotación máxima de 1.000 metros cúbicos por hectárea si no llueve pronto y de forma abundante. «Catástrofe» es el epíteto que más se repite en el campo, que vive más pendiente de lo que decida la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que de avistar nubes de agua en el cielo. «En febrero no se va a desembalsar. En marzo, habrá una comisión de desembalse si antes no cae lluvia de forma importante», avanzó a ABC el secretario general de federación de regantes Feragua, el cordobés Pedro Parias. Esos 1.000 metros cúbicos de dotación máxima para la campaña de riego equivalen a un tercio de lo que precisan las comunidades de regantes cordobesas. Según los datos de la Consejería de Agricultura, «las necesidades hídricas» de las aproximadamente 100.000 hectáreas de este tipo de cultivos suman unos 300 hectómetros cúbicos, es decir 300 millones de metros cúbicos frente a los 100 millones a los que asciende la medida de urgencia de las autoridades hidrográficas. Este capítulo es el que más roces está provocando entre los regantes y la Administración. Los primeros, según Parias, entienden que la reserva obligatoria de 500 hectómetros cúbicos tiene que ser flexible y «permitir liberar más agua». El responsable de Feragua refuerza su demanda con otro argumento de peso: «Estamos en el cuarto año de sequía; los dos primeros con restricciones medias, y éste que se prevé peor, mientras que desde 1996 (cuando entró en servicio el último pantano, el de Vadomojón), no se han puesto en servicio más embalses». Sí existe, con todo, ciertas esperanzas de que las mejoras introducidas en el 90 por ciento de los regadíos para un uso racional del agua permitan sobrellevar mejor la crisis hídrica. «Córdoba ha superado las dos últimas campañas con el 50 por ciento de la dotación», comenta Pedro Parias. Efectos sobre el empleo Las restricciones no sólo se van a hacer notar en una menor producción o incluso en un cambio de planificación de los cultivos (trasvases de maíz a girasol o trigo, por ejemplo), sino que, además, tendrán una fuerte repercusión en el mercado laboral. En la información que maneja la Consejería de Agricultura de la Junta, se estima que las 100.000 hectáreas de regadío de la provincia generan unas 9.500 UTA (unidad de trabajo anual), que equivalen a empleos. La Federación de Regantes, por su parte, recuerda que cultivos como los hortícolas o naranjos precisan en campañas normales de 70 a 80 jornales por hectárea, cuando la producción de trigo o girasol sólo necesita de 10 a 15. «Aunque hay oscilaciones en función de los cultivos, de media podemos decir que una hectárea de regadío genera cinco veces más empleo que el secano». También hay casos donde la diferencia se amplía y puede ser diez veces superior. Con esos datos, es fácil adivinar el fuerte recorte que se producirá en el agro cordobés, donde además de las 9.500 UTA el valor de la producción ronda los 207 millones de euros, según los datos de la Junta de Andalucía.