Menos hormigón y más ahorro de agua, apuesta por la desalinización y la reutilización y, sobre todo, apañarse con el agua que hay en cada territorio. «Los regadíos y las actividades económicas deberían adaptarse a la cantidad de agua disponible localmente», subrayan. Éstas son las principales recetas de Comisión Europea (CE) para afrontar la escasez de agua y la sequía dentro de los países de la Unión, a las que se suma el encarecimiento gradual de las tarifas de agua. Los trasvases se recogen como una opción más, siempre que se hayan agotado el resto de alternativas, pero se pone en duda su sostenibilidad por los conflictos sociales y políticos. En el documento, los técnicos de la Comisión han propuesto al Parlamento Europeo y al Consejo un calendario de actuaciones hasta 2012, después de un proceso de consultas internas que se inició el pasado verano. La Comisión cree, además, que «hay que introducir estas medidas rápidamente a nivel comunitario». Existen razones de sobra para que la Comisión Europea se decida a tomar cartas contra la sequía, a la vista del desafío mundial que representa la escasez de agua y a las pérdidas económicas que ocasiona. Casi un 20 por ciento Advierte la CE que en los últimos 30 años ha aumentado de forma espectacular la frecuencia e intensidad de la sequía en la UE. En este periodo, las zonas y personas afectadas ha crecido casi un 20%. La última gran sequía de 2003 afectó a más de 100 millones de habitantes y a un tercio de la UE, con unos daños para la economía europea de 8.700 millones. En general, la CE estima que en los últimos 30 años el coste total de la sequía asciende a 100.000 millones. Añade en su análisis que el 11% de la población europea y un 17% del territorio se han visto afectados por la escasez de agua hasta ahora. «Las últimas tendencias muestran un avance significativo de la escasez en toda Europa», advierte. Insta al Parlamento Europeo y al Consejo a «contemplar toda una serie de opciones políticas». Las bases para hacer frente a los desafíos de la escasez de agua pasan por la aplicación estricta de la Directiva Marco, un sistema de tarifas que ponga fin a las pérdidas y al derroche, incrementar las medidas de ahorro, ya que la CE considera que todavía se desperdicia un 20% del agua, y por último la investigación de nuevas fórmulas. La CE advierte que «hacer más infraestructuras de suministro debe considerarse como una opción cuando se hayan agotado otras». En este punto, el documento de Bruselas estima que los países socios actuarían de forma «contraproducente» si promueven más infraestructuras hidráulicas. La CE no se cierra a nuevas obras, puesto que estas inversiones sí serían necesarias en las regiones en las que se han aplicado todas las medidas preventivas y en las que la demanda de agua sigue siendo superior al disponibilidad de este recurso. Esta consideración valdría para la cuenca del Segura, que es la única estructuralmente deficitaria de España, y para otras zonas del país azotadas también por prolongados periodos de sequía. Las autoridades no mencionan ninguna cuenca en concreto, pero sí aceptan que se construyan infraestructuras adicionales «como un posible medio de paliar las consecuencias de una sequía grave». Entre estas obras, mencionan los depósitos de aguas superficiales y subterráneas, los trasvases y el uso de fuentes alternativas, como la desalinización y la reutilización. Los técnicos de la Comisión siguen sin ser amigos de los trasvases, e incluso ponen pegas a las obras de regulación, como la presas. Ellos le llaman «interrupción» de los cauces, aunque no postulan ninguna medida. En relación a los trasvases, la CE cree que «cambian inevitablemente la situación de las masas de agua, y por ello están sometidos a estrictos criterios específicos. Además, los grandes proyectos provocan a menudo conflictos sociales y políticos entre cuencas donantes y receptoras, lo que cuestiona su sostenibilidad».