Para luchar contra ella, el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertización prevé la restauración de cuencas en zonas áridas y semiáridas degradadas o en proceso de desertización mediante repoblaciones, tratamientos silvícolas o la gestión del matorral mediterráneo El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertización (PAND), recientemente aprobado, contribuirá a promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas, previniendo la degradación del suelo y la desertización y facilitando la recuperación de las afectadas. Según los datos que maneja el PAND, el 74,05% del territorio nacional (más de 37 millones de hectáreas), son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, de las que el 2,03% sufre riesgo muy alto de sufrir procesos de desertización, el 15,82% está en riesgo alto, el 19,20% en riesgo medio y el 37% está calificado de riesgo bajo. Mientras, el 25,95% restante son zonas húmedas y subhúmedas, agua o superficie artificial. Por áreas, las más afectadas son el sureste y este peninsular y Canarias. En concreto, se trata de Murcia, Alicante, Almería y el este de Castilla-La Mancha (Albacete y Ciudad Real), así como de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Todas ellas coinciden con aquellas zonas en las que se ha observado una mayor sobreexplotación y salinización de los acuíferos. Objetivos El PAND cumple con la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertización (CNULD), de la que España es firmante, y su puesta en marcha requerirá la implicación de las comunidades autónomas que han participado en su elaboración a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Se estructura en las esferas temáticas establecidas en la CNULD, por lo que realiza el diagnóstico de la desertización en España mediante el estudio de factores y procesos que inciden en el fenómeno y analiza las políticas sectoriales con influencia en la desertización, determinando las áreas geográficas con riesgo y el grado de dicho riesgo. El Programa, que prevé la ejecución de proyectos de restauración de cuencas en zonas áridas y semiáridas degradadas o en proceso de desertización, establece los principios de coordinación entre diferentes instituciones y presenta un marco económico de referencia a medio plazo para el desarrollo de las medidas. Propone la creación del Observatorio de la Desertización y de una Oficina Técnica de la Desertización que desarrollarán medidas para prevenir la degradación de los suelos como fomentar una agricultura sostenible, luchar contra la sequía, conservar la masa forestal, luchar contra los incendios e investigar este fenómeno. Se creará, además, un Sistema Integrado de Evaluación y Vigilancia de la Desertización que coordinará los estudios que se desarrollan sobre este problema y propondrá otros nuevos para evaluar el estado actual de los suelos y pronosticar su evolución dependiendo de cómo varíen el clima y otros factores. Su objetivo es definir las líneas de acción fundamentales contra el deterioro del suelo y analizar los principales factores naturales y humanos causantes del mismo y los procesos que origina, tales como aridez, sequía, erosión, incendios forestales, uso no sostenible de los recursos hídricos y los factores socioeconómicos. Asimismo, señala los principales escenarios de la desertización como los cultivos leñosos afectados por la erosión, cultivos extensivos de secano con riesgo de erosión, sistemas agro-silvo-pastorales afectados por sobre pastoreo, sistemas agronómicos de regadío sometidos a procesos de desertización y matorrales degradados y eriales. Para frenar el avance del desierto plantea «la repoblación forestal con especies autóctonas, así como tratamientos selvícolas de las masas forestales para mejorar el tamaño, la densidad y la cobertura del suelo que proporciona la vegetación, garantizando su estabilidad, calidad y diversidad». Se sugiere además la gestión del matorral mediterráneo, la ordenación del pastoreo, la protección de los suelos productivos o que están en cultivos de áreas de montaña mantenidos por razones sociales, y la construcción de diques y otras obras de estabilización de cauces torrenciales.