El Club de Doñana, integrado por un grupo de prestigiosos juristas y expertos en medio ambiente, ha decidido presentar una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contra el traspaso de la gestión del Guadalquivir por parte del Estado a Andalucía, en lo que afecta a las aguas que atraviesan su territorio. Este colectivo sostiene que la cesión de competencias vulnera la Directiva Marco, de ámbito comunitario, que afecta a las políticas de aguas. De forma esquemática, en esta norma se establece que son los Estados, representados por los Gobiernos centrales, los que están obligados a preservar el control, la vigilancia o la calidad del ecosistema de un río como el Guadalquivir, cuya cuenca está compartida por cuatro Comunidades autónomas, si bien el 90 por ciento pertenece a Andalucía. Sanciones Igualmente, y teniendo como referente la Directiva Marco, es el Estado, y no la Comunidad autómoma, el destinatario de las sanciones de las que pueda ser objeto por un supuesto incumplimiento de las obligaciones. Entiende el portavoz del Club de Doñana, Jesús Vozmediano, ex miembro del Patronato del Parque Nacional y jurista experto en medio ambiente, que el traspaso del Guadalquivir ya ha hecho, en la práctica, que se rompa la unidad de la cuenca. «La transferencia vulnera la normativa comunitaria porque obliga a conservar y gestionar todas las masas de aguas en base al principio de la unidad de cuenca hidrográfica, y desde el punto y hora de que la totalidad de la cuenca no se encuentra en Andalucía, no se puede transferir». Una opinión que no comparten, sin embargo, ni el Gobierno central ni la Junta, al sostener que el Estado continúa siendo el responsable de la planificación hidrológica y de las obras de interés general. Para Vozmediano, esto es simplemente «papel mojado porque nadie puede evitar un conflicto entre Comunidades», como de hecho ya se ha producido con el recurso presentado por el Ejecutivo de Extremadura ante el Tribunal Constitucional. «La unidad de cuenca —subraya— no es un concepto interpretativo». En este sentido, destaca que la Directiva recoge una enorme cantidad de anexos sobre normas de calidad medioambiental que remiten a otras normativas europeas, cuyo cumplimiento a su juicio sólo puede fiscalizarse desde el Estado. «Si surge un problema en una Comunidad autónoma, ¿cómo se controla? ¿Va a sancionar Andalucía a Extremadura?», se pregunta Vozmediano. Mientras, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Manuel Gracia, criticó ayer el «alarmismo, la incertidumbre y las dudas» generadas por diferentes colectivos, sobre la posible fracción por parte del Gobierno andaluz de la cuenca del Guadalquivir. Según Gracia, la Junta no tiene voluntad de «fragmentar o dividir la cuenca».