Cuando Andalucía asuma de pleno derecho el próximo 1 de enero las transferencias sobre el Guadalquivir se abrirá un nuevo escenario en la gestión del río que mejor identifica y vertebra a la comunidad. El Plan Hidrológico de la cuenca, que estará en sintonía con la futura Ley de Aguas que prepara el Gobierno andaluz, introducirá cambios trascendentales en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos.
El más significativo será la mayor jerarquía que se le dará a los usos industriales, que ahora apenas suponen el 2,4% del consumo total del agua o un 3,3% si se incluye la producción de energía eléctrica. A cambio, se limitará la expansión de los regadíos, que ahora se llevan el 80% de todo el agua de la cuenca. También se contempla revisar los precios, una tasa para los costes ambientales y un cambio en la tarificación, lo que supondrá un ahorro de agua al dejar de pagar por hectárea y hacerlo por metro cuadrado.
La actual Ley de Aguas supone un obstáculo para el desarrollo de sectores industriales. Y eso porque el orden de prioridades que se establece no atiende a la industria hasta el quinto escalón, por detrás del abastecimiento a la población, el caudal mínimo ambiental, los regadíos y la hidroelectricidad. Ahora se quiere introducir excepciones a esa legislación para acabar con una paradoja que dice que, a pesar de su bajo consumo, la industria manufacturera supone el 15% de todo el Valor Añadido Bruto (VAB) de la demarcación del Guadalquivir, frente al 7% que genera el sector primario, aunque el porcentaje se eleva al 37% si se incluye al subsector de la agroindustria.
'Lo que queremos es que el sistema actual de jerarquías no impida el desarrollo de sectores industriales muy rentables', señala Francisco Tapia, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Uno de los sectores más perjudicados por la actual normativa es el de las plantas termosolares para la producción de energía. Cada planta de 50 megavatios necesita un hectómetro cúbico de agua para refrigerar sus turbinas, pero la rentabilidad de estas plantas es altísima; además de producir energía limpia. Ahora mismo, la CHG tiene sobre la mesa una treintena de proyectos de plantas termosolares que no puede atender por falta de agua.
¿Cómo dar respuesta a las necesidades de la industria en una cuenca que soporta un déficit hídrico de casi 700 hectómetros cúbicos? 'Es necesario establecer un nuevo orden de prioridades que privilegie los usos para la producción de energía limpia y renovable y otros usos estratégicos para el desarrollo territorial de la cuenca por delante del regadío, al menos hasta un límite global de recursos', señala María del Mar Borrego, de la oficina de planificación hidrológica de la CHG.
Ahora bien, más que una merma de los recursos disponibles por los agricultores lo que se quiere es flexibilizar la aplicación de la norma a través de la cesión de derechos, es decir que un agricultor pueda arrendar sus concesiones a la industria como alternativa a la siembra de cultivos que le pueden ser menos rentables. 'Aquí todos ganan', apunta Agustín Argüelles, jefe de planificación hidrológica de la CHG, que pone como ejemplo de la excepción a la aplicación de la Ley de Aguas el caso del pantano de Montoro, en Ciudad Real, cuya agua se prioriza para atender las demandas de la planta petroquímica de Repsol de Puertollano.
Los regantes no quieren perder derechos, pero sí ven bien las alternativas para rentabilizar sus concesiones de agua. 'Estamos de acuerdo en flexibilizar el régimen concesional, no alterando el orden de prioridades de usos pero sí que los agricultores puedan arrendar sus derechos para el regadío', subraya Pedro Parias, secretario de Feragua.
Más controvertidas pueden ser otras medidas que se proyectan para corregir los desequilibrios en la cuenca, en especial las referidas a las tarifas. De momento, el documento de trabajo que servirá de base para el futuro Plan Hidrológico de la demarcación del Guadalquivir admite la necesidad de revisar al alza las tarifas para que éstas recuperen el 100% del coste de los servicios del agua (ahora se está en el 90,5%).
Para el uso agrario se prevé un aumento del 4,5% y del 0,6% en la tarifa urbana actual. De otro lado, se plantea una tasa (tanto para usos urbanos como agrarios) para sufragar los costes ambientales, que iría entre 0,001 a 0,024 euros el metro cúbico de agua. Y una tasa similar por el uso de las aguas subterráneas, que suponen ya el 18,2% del consumo de la cuenca. El responsable de aguas de COAG, Rafael Civantos, señala que el sector agrícola no está para soportar esta tasa, que podría tener un tipo impositivo del 35%. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha advertido de que la aplicación de la recuperación íntegra de los costes del agua sobre las tarifas de los agricultores supondría la desaparición de la tercera parte del regadío por falta de competitividad.