El futuro canon hidroeléctrico, con el que la Xunta gravará a los embalses dedicados a la producción energética, cuenta ya con el visto bueno del Consello Económico e Social de Galicia (CES), que respalda sin apenas matizaciones el anteproyecto legislativo. Pero el aval del CES no es unánime. A través de un voto particular, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), se desmarca del apoyo del consejo a la nueva ley, que tacha de 'confiscatoria'.
En apenas tres folios, el CES 'evalúa positivamente la oportunidad' del anteproyecto, y valora que 'se recojan las recomendaciones de la UE' en materia de medio ambiente. El consejo también destaca la presentación de una memoria 'con amplia información sobre los diferentes aspectos a considerar' en la aplicación de la norma.
El voto particular de la patronal gallega, en cambio, denuncia la 'inoportunidad' de la ley, la 'falta de justificación del fin extrafiscal' y 'la vulneración de las exigencias constitucionales aplicables a los tributos'. Según los empresarios, el impuesto 'menguará en términos relativos la competitividad de la industria en Galicia', un efecto para el que pide 'una reflexión más profunda y crítica' que tenga en cuenta la crisis económica.
La CEG sostiene que los embalses 'son beneficiosos para el medio', argumento que basa en la 'regulación de las aguas' que propician y su 'contribución a la reducción de gases de efecto invernadero en la producción de electricidad'. Para los empresarios, se trata de 'una energía renovable más'. Así planteado, el establecimiento del tributo tiene 'un carácter meramente recaudatorio, ya que ni si quiera se desprende de su formulación ninguna voluntad de reparar el supuesto daño medioambiental' de los embalses.
El canon forma parte de la futura ley del impuesto sobre el daño medioambiental de determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, que la Xunta quiere empezar aplicar en 2009. El Gobierno gallego prevé unos ingresos anuales de entre 10 y 15 millones de euros.