El Gobierno de Madrid autorizará al
Canal de Isabel II a crear una sociedad anónima, con mayoría de
capital público, que gestione las infraestructuras del agua en la
región, medida que no afectará al servicio, a las convenios con los
ayuntamientos ni a las condiciones laborales de los trabajadores.


Así lo ha indicado hoy el vicepresidente de la Comunidad y
presidente del Canal, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno
que ha analizado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas para 2009, un documento que será remitido al Consejo
Económico y Social (CES) para su preceptivo informe y que incluye la
creación de la nueva sociedad pública del Canal.


La medida, que fue anunciada por la presidenta Aguirre en el
último debate del Estado de la Región, no afecta a las condiciones
laborales de los trabajadores del Canal que, según ha dicho
González, están garantizadas, ni a los convenios suscritos con los
ayuntamientos, incluido el de Madrid, aunque este caso sea "singular
y diferente" al resto de los municipios.


Ha recordado que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, y "a
diferencia de otras zonas de la Comunidad", se da "la variable muy
importante de que la red de saneamiento es titularidad del Canal de
Isabel II".


González ha subrayado que cuando se privatice el 49% de las
acciones, el Canal mantendrá la titularidad de los bienes y derechos
integrados en la red general y ha recordado que el objetivo de esta
medida es "permitir el proceso de capitalización" de la empresa, que
necesita hacer frente a los más de 4.000 millones de euros de
inversión necesarios en infraestructuras de agua en los próximos
diez años.


Entre estas inversiones, y como consecuencia de la entrada en
vigor del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, destaca la
instalación de nuevos sistemas de tratamiento en las depuradoras
madrileñas para que el agua vertida a los ríos pueda ser utilizada
mejor por el resto de usuarios de la cuenca del Tajo.


Según Ignacio González, a final de año habrá concluido el trámite
parlamentario para que la nueva sociedad anónima empiece a
encargarse del abastecimiento de agua, saneamiento, servicios y
obras hidráulicas.


Ha dicho que a partir de entonces el Canal mantendrá las
concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico; el
ejercicio de las potestades administrativas de aducción, depuración
y reutilización del agua y las funciones relacionadas con los
servicios hidráulicos encomendados por los ayuntamientos y los que
viene prestando, según la legislación vigente.


Por su parte, la Comunidad conservará los bienes de su
titularidad y los bienes y derechos de titularidad del Canal que
integran la red general regional, constituida por los sistemas de
abastecimiento, saneamiento y reutilización de las aguas.


El presidente del Canal ha destacado el apartado de la Ley de
Acompañamiento que garantiza a los trabajadores de la empresa las
mismas condiciones laborales actuales cuando se forme la nueva
sociedad, cuya creación y bases del contrato-programa deberá
autorizar el Consejo de Gobierno.


Ha recordado también que el 51% del agua en España la gestionan
ya empresas participadas total o parcialmente por capital privado y
ha citado los casos de Barcelona, Valencia, Murcia, Las Palmas de
Gran Canaria, Alicante, Vigo, Hospitalet de Llobregat, Tarragona,
Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Cartagena, Almería, o Santander,
entre otros.