Las tres patas de la política hídrica del Gobierno socialista, más agua, más barata y en menos tiempo, se caen por su propia base a tenor de los datos de los expertos. La apuesta del Ministerio de Medio Ambiente por el agua desalada en sustitución de los trasvases se ha secado. Según las cifras aportadas por el estudio científico de la Universidad Alicante (UA), Políticas del Agua (1785-2005), elaborado por los profesores Antonio Gil Olcina y Antonio M. Rico, las cinco desaladoras operativas actualmente en el sureste español proporcionaron durante el pasado año 80 hectómetros cúbicos (hm3) a la Comunidad Valenciana, cuando mediante el trasvase del Ebro se hubieran recibido unos 700 hm3.
Los inapelables datos fueron puestos ayer en escena durante la presentación en Alicante de esta monografía sobre agua, a la que asistieron los presidentes de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quienes reclamado «unidos» el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura ante la «amenaza» que recoge el Estatuto de Castilla-La Mancha, que plantea su final en el horizonte de 2015.
El trabajo de Gil Olcina y Rico pone en negro sobre blanco el desmoronamiento de las tesis hídricas del Ministerio de Medio Ambiente desde la derogación por decreto del trasvase del Ebro en 2004. De este modo, los autores señalan que las aportaciones a tierras valencianas vía desalación son un 620% inferiores a las que se hubieran producido de mantenerse las transferencia prevista en el Plan Hidrológico Nacional: 80 hm3 frente a los casi 700 procedentes del trasvase; además, el profesor Rico, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, recordó que «se ha retrasado la puesta en funcionamiento» de las cinco desaladoras activas, «que ya estaban programas en el PHN»
El catedrático criticó la política hídrica del Gobierno central, fundamentada en el Programa AGUA, por «improvisada», ya que, a su juicio, «hace de la desalación, a pesar de sus onerosos costes ambientales y económicos, la panacea, como si la realidades física y energética de la España Peninsular fueran equivalentes a las de Arabia Saudí».
Prueba de esta incapacidad de la desalación para cubrir las necesidades de la Comunidad Valenciana es su enorme coste para el bolsillo de los agricultores: 0,42 euros por metro cúbico, frente a los 0,099 euros que cuesta el agua que viene del trasvase Tajo Segura.Esta circunstancia, según el experto, hace que sólo 8.000 de las 350.000 hectáreas de regadío de la Comunidad puedan aprovecharse de los recursos proporcionados por las desaladoras.
El estudio también advierte del impacto socieconómico que tendría la eliminación del Tajo-Segura en 2015, «un planteamiento disparatado» según Gil Olcina, quien apuntó que sería deseable que los responsables políticos frenen «la pretensión de acabar con una transferencia vital» que abastece a 2,5 millones de personas, crea 890.000 empleos y permite cosechas por valor de 2.300 millones de euros.
APOYO
-La defensa del Tajo- Segura
>El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vaticinó ayer que el trasvase del Ebro «se hará» y que el Tajo-Segura «permanecerá», gracias a la defensa por la solidaridad hídrica que hacen tanto Murcia como la Comunidad.
>Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, aseguró que a la «amenaza» que supone para los dos territorios el cierre del Tajo para el año 2015, se suma «algo peor todavía, y es que el trasvase podría cerrarse un mes después de haber aprobado una reserva estratégica».