El sindicato de regantes advierte de que el aumento de la reserva estratégica a 600 hm3 supondrá el final automático del trasvase


Los agricultores de la cuenca del Segura exploraron ayer una nueva vía para disipar las amenazas que se ciernen sobre el trasvase de agua procedente de la cabecera del Tajo. Los regantes, a través de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, solicitaron ayer amparo al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante "el peligro de liquidación" del acueducto Tajo-Segura que se contempla en el Estatuto de Castilla-La Mancha, al tiempo que pidieron que desde este organismo "se puedan realizar todas las gestiones oportunas para evitar este agravio a los ciudadanos de Alicante, Murcia y Almería".

Tras la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo, los representantes de las tres organizaciones agrarias le hicieron entrega del documento elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo, Antonio Fanlo, realizado a petición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

El presidente de los regantes del trasvase, Francisco del Amor, advirtió ayer de la probabilidad de que no haya que esperar a la fecha de caducidad que fije el Estatuto manchego -a priori, 2015-, para dejarles sin agua. Aproximadamente en mayo, una vez se apruebe el documento, "se cerrará automáticamente el acueducto, porque fijan una reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos, y la cabecera está a 514".

Del Amor, que hizo estas declaraciones tras reunirse con dirigentes del PP de Alicante, Murcia y Almería, afirmó que no hay que esperar al año 2015, el mismo día que se apruebe "se cierra el grifo" del trasvase, por lo que apeló a la ciudadanía para que acuda el día 18 a la manifestación convocada en Murcia capital, en un llamamiento calcado al que se hizo la semana pasada para la movilización que se celebrará en Elche el viernes 27 de marzo.

"Si el estatuto se aprobara de inmediato en mayo o junio indudablemente no podríamos regar y no nos comeríamos una rosca", agregó, y dijo que de poco servirían los recursos al Tribunal Constitucional, ya que tardarían entre cuatro y cinco años en resolverse.

Asaja, COAG y UPA señalan que el sector agrario de la cuenca del Segura se encuentra sumido en una "total incertidumbre", ante las distintas posiciones políticas que están surgiendo en el transcurso del debate en las Cortes del texto de Castilla-la Mancha, ya que, de ser aprobadas, "conducirían a la desaparición progresiva del Tajo-Segura".

Los agricultores recuerdan que la dependencia del regadío de la cuenca del Segura del trasvase es, en la actualidad, "absoluta", de modo que su desaparición conduciría "a la quiebra inexorable" de una actividad agrícola que, según apuntaron, aporta un Valor Añadido neto que se aproxima a los 1.300 millones de euros (3.720 millones de euros brutos, según los cálculos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore) y genera más de 130.000 puestos de trabajo en Alicante, Murcia y Almería.

Eso por lo que respecta a la agricultura, pero del trasvase también depende el abastecimiento urbano de 2,5 millones de ciudadanos y, por ende, el conjunto del sector industrial y de servicios de todo el sureste peninsular. Así, teniendo en cuenta la magnitud de las repercusiones, Fenacore cifró la semana pasada en 30.000 millones de euros las reclamaciones patrimoniales a las que el Estado tendría que hacer frente si se suprime el Tajo-Segura.