Expertos defendieron hoy una gestión pública del agua para "hacer frente a los lobbys privados" y promover el acceso universal al agua y la transparencia en la gestión de este recurso en el marco de unas jornadas complementarias de la exposición 'Agua, ríos y pueblos', organizada por el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga y la Fundación Nueva Cultura del Agua.
El gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Jaime Morell, anunció en su intervención la constitución en octubre de 2009 de la Asociación Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, que nace con 50 operadores públicos asociados de toda la geografía española y que, según Morell, "estará abierta a corporaciones locales, empresas públicas, cooperativas y asociaciones, mancomunidades y consorcios cuya propiedad esté en manos de los usuarios y trabajadores. También estará abierta a la incorporación de universidades y asociaciones ciudadanas.
"Actualmente los grandes lobbys del agua se reparten el mercado y gestionan cánones que revierten directamente sobre la ciudadanía practicando una gestión oscura, con deficiencias en la prestación del servicio y con escasa inversión en proyectos de educación ambiental", afirmó.
La necesidad de una gestión pública del agua fue defendida por todos los ponentes, según indicaron desde la Diputación en un comunicado. Por su parte, el representante del consorcio público de gestión del agua en el sur de París, Jacques Perreux, resaltó el "enorme daño" que la gestión privada ha ocasionado en Francia, donde, según explicó, el 80 por ciento del servicio de abastecimiento y la mitad de la depuración están en manos de compañías con ánimo de lucro.
Respecto al anteproyecto de la Ley Andaluza del Agua, el gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, José Luis Rodríguez, criticó que "el texto de la ley, tal como está, invade las competencias locales, regula casi en exclusiva los usos urbanos del agua que sólo representan un 20 por ciento del consumo total, multiplica la burocracia, introduce nuevos impuestos que penalizan a los consumidores y complican la tarificación, y resulta arbitraria en la distribución de las inversiones".
Por su parte, el presidente de Acosol, Miguel López García, el responsable de Axaragua, José Domínguez Palma, y el presidente del Consorcio Provincial del Ciclo Integral del Agua en Málaga, Miguel Esteban Martín, reconocieron que la ley contiene "elementos mejorables", especialmente en cuanto a la asignación de competencias y cobro de cánones, aunque recordaron que se trata de "una regulación imprescindible, no sólo porque hay que adaptar la legislación para converger con la Directiva Marco del Agua de la UE, sino porque estamos hablando de un recurso vital que por fin se reconoce en un texto legal como un derecho humano básico".
Por último, los responsables de las empresas públicas de gestión del agua en la provincia señalaron que para los próximos años las prioridades para Málaga en materia de gestión del agua serán completar el mapa de depuración y reutilización de aguas residuales, así como reducir el consumo.