Aunque hace cuatro años que se terminó el plazo para cumplir la directiva europea del agua, las rías gallegas continúan contaminadas. Las inspecciones de los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente han detectado un total de 1.632 puntos de vertido, a falta de analizar el estado de cuatro de ellas. El 65% por ciento de estos puntos se concentra en tres zonas: Arousa, Vigo y Pontevedra.
Con 537 puntos de vertido la ría arousana, la más grande de Galicia y una de las más importantes por su producción marisquera, es la más afectada. Le sigue la de Vigo, con 267 puntos. Sobre ella pesa una sanción millonaria de la Unión Europea si no se construye la depuradora de aguas residuales, que actualmente tiene problemas de financiación. A poca distancia de la de Vigo, se sitúa Pontevedra como la tercera ría con mayor número de puntos de vertido de la comunidad autónoma, 264. A Coruña, con 157, y Ferrol, con 122, completan la lista de las zonas con mayor presión contaminante.
Para mantener activa la vigilancia, la Consellería de Medio Ambiente invertirá seis millones de euros durante los próximos tres años. Ayer, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba la licitación del Plan de Control de Vertidos, que además de analizar el estado de las rías, vigilará los puntos contaminantes en las aguas de ríos y lagos de la demarcación Galicia-Costa, sobre la que tiene competencias la comunidad. Hasta el momento, en los 128 ayuntamientos estudiados se han localizado 7.073 puntos de vertido. En el 37% de los casos se ha constatado la existencia de contaminación y deben ser tratados con urgencia.

Directos al mar

Las deficiencias en las redes de saneamiento, responsabilidad de los ayuntamientos, son la principal causa de estos vertidos. En muchas zonas las aguas que salen de las viviendas se vierten directamente al mar sin ningún proceso de depuración. Los vertidos industriales localizados por los técnicos de Medio Ambiente suman 349 puntos. La inversión para controlar los vertidos es un «paso más para el desarrollo y ejecución del Plan de Infraestructuras Hidráulicas», informó ayer Medio Ambiente. El proyecto, presentado a principios de agosto, se fija como objetivo el año 2015 para sanear las aguas en Galicia. El departamento de Agustín Hernández retrasa así el compromiso del bipartito, que pretendía aprobar esta materia pendiente en 2011.
El plan destinará un total de 868 millones de euros a la calidad del agua a lo largo de la legislatura. De ellos, 256 se destinarán a la construcción de las nuevas depuradoras necesarias para que Galicia pueda cumplir la directiva del agua, con 10 años de retraso.

Carmen Gallego: «Es falso que las aguas estén peor que en 2004»

¿Están las rías gallegas más contaminadas hoy en día que en el año 2004? El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, ha denunciado que la situación «es peor» y que el esfuerzo del bipartito para sanearlas no ha servido para nada. 12 de las 19 incumplen con las exigencias europeas. Este es el motivo por el que el nuevo departamento ha decidido retrasar cuatro años más su limpieza integral.
Desde el PSdeG, sin embargo, aseguran que las acusaciones de Hernández son falsas. «Si estuvieran peor, ¿cómo se iban a abrir este año al marisqueo ocho nuevas zonas?», se pregunta Carmen Gallego, responsable de medioambiente de los socialistas. Gallego reta al conselleiro a que exponga el número de metros cuadrados con aguas limpias existentes en las rías antes de la llegada del bipartito al poder y las que existen ahora. Asegura que la Consellería de Pesca, que ella dirigía, decidió redudir el tamaño de las zonas de marisqueo para poder controlar mejor si estaban afectadas o no por los vertidos. Por este motivo, explica, puede parecer que hay más zonas cerradas, pero en realidad la situación es mejor. «Hernández utiliza una trampa burda y zafia», asegura la portavoz del PSdeG.
Hernández también ha criticado el sistema de rayos UVA o ozono instalado en algunas depuradoras por el bipartirtito para que eliminen los coliformes fecales (bacterias presentes en los excrementos). Aseguró que 17 de ellas han sido inservibles por la mala gestión municipal o por no usarse. Gallego defiende el sistema y asegura que la Consellería debería vigilar que los ayuntamientos lo utilicen