Tres años después de que el incendio de la factoría de Brenntag, en Caldas, provocase el desastre ecológico más importante de cuantos ha sufrido el río Umia, la situación sigue exactamente igual que en 2006. Poco o nada se ha hecho para evitar que las aguas del río puedan sufrir un vertido de estas características, y lo que es peor, para reducir la gran cantidad de pequeños vertidos que sufre a diario y que fueron detectados pos la Diputación unos meses antes de la catástrofe.

Ante la preocupación que se está generando en la comarca por la lentitud a la hora de tomar medidas que palien los vertidos, la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha comenzado a trabajar en la redacción de un estudio que fije los términos en los que se va a desarrollar la mejora de todo el entorno que se vio afectado por el vertido como en la aplicación del tratamiento sobre las microcistinas.

Una vez se encuentre desarrollado, el objetivo es comenzar a realizar acciones de forma inmediata, algo que reconoce el propio delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

De todas formas, una de las actuaciones más inmediatas es la construcción de una depuradora de aguas residuales en Ribadumia a la que se van a canalizar las aguas que provengan de los polígonos industriales y de todas las aldeas que se encuentran en las inmediaciones del río. La construcción de esta depuradora, además de sanear el cauce fluvial, también va a permitir desahogar la EDAR de Tragove, que se encuentra totalmente saturada.

El problema son los terrenos sobre los que se va a asentar, estando la alcaldesa de Ribadumia, Salomé Peña, tratando de negociar con los propietarios la ubicación definitiva de una obra que va a suponer el saneamiento integral del cauce y la protección de los bancos marisqueros de O Sarrido.

El delegado territorial de la Xunta no dudó en culpar ayer al bipartito de que todas las actuaciones pendientes para sanear el río se encuentren todavía sin ejecutar o sin proyecto, pues “das inversións comprometidas polo anterior conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, non se levou a cabo ningunha”. El mejor ejemplo de esta situación son las canalizaciones que se instalaron en el margen derecho del río para garantizar el suministro de agua a la población, que se encuentran totalmente abandonadas, “cando se trataba dun investimento de máis de nove millóns e euros”.

La senda peatonal es otro de los proyectos contemplados por el bipartito “do que non se sabe nada pese aos compromisos que se adquiriron no seu día”.

El proceso judicial todavía sigue abierto

El proceso judicial abierto por lo sucedido aquel 1 de septiembre de 2006 todavía continúa abierto. El caso permanece en el Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas, que se encargó de abrir las pertinentes diligencias después de recibir un informe de la Consellería de Medio Ambiente en la que se explicaban todas las actuaciones que llevó a cabo la administración autonómica.

Sin señalar un culpable, la Xunta reclama a la empresa más de ocho millones de euros en concepto de compensación económica por los trabajos de limpieza del cauce fluvial y las obras de abastecimiento de aguas que tuvieron que ejecutar a toda prisa. La cantidad fue rechazada por la empresa, que la consideró excesiva.

Pese a la gran cantidad de productos químicos que aquel 1 de septiembre se precipitaron al río, la recuperación del Umia ha sido sorprendente, tal y como demuestran diversos estudios realizados por la Consellería uy por la Diputación. Los estudios demostrarían que la calidad de las aguas superficiales es la correcta y que el tramo afectado se encuentra en condiciones adecuadas. Sin embargo, todavía no se han resulto todos los pequeños vertidos detectados por la Diputación.