La derogación del trasvase Tajo-Segura tendría un coste para el Estado de 20.000 millones de euros, según recoge un informe realizado por dos profesores de la Universidad de Alicante (UA), cuyas conclusiones han sido presentadas hoy por el conseller de Medioambiente, Juan Cotino.

El estudio se centra principalmente en las pérdidas patrimoniales derivadas de la posible cancelación del trasvase, demandado por Castilla-La Mancha en la propuesta de su Estatuto de Autonomía, y el dinero que se dejaría de percibir -lucro cesante- si se produjera dicha derogación.
En este sentido, entre los usos de abastecimiento, de los que se encarga la Mancomunidad de los canales del Taibilla, y los de regadío, las pérdidas patrimoniales serían de más de 9.000 millones de euros en el caso de que el trasvase se cancelara en 2015 y de casi 5.000 si el cese de agua se produjera en 2030.
Por su parte, el lucro cesante derivado de los sectores de abastecimiento y regadío ascendería a 21.129 millones de euros en el hipotético paro del trasvase en 2015 y de 7.244 si se produjera en el año 2030.
Asimismo, Melgarejo ha señalado que las cerca de 147.000 hectáreas de superficie regada por la cuenca del río Segura tienen un valor patrimonial medio de 8.769 millones de euros y que si éstas se convirtieran en superficies de secano su valor descendería hasta los 416 millones de euros.
Del mismo modo, el autor ha señalado que la compra de agua del trasvase Tajo-Segura es de 0,20 euros de media; mientras que si la compra se hiciera de agua que proviniera de una desalinizadora el precio ascendería a los 0,91 euros, "incluyendo la totalidad de gastos".
El conseller de Medioambiente ha destacado que "Alicante, que hoy es la cuarta provincia de España, es una provincia que va unida al progreso" desde que ha planteado "tener agua" y que la agricultura alicantina "si tuviese agua suficiente y de calidad podría ser una de las agriculturas que en España pudiese tener futuro".
En relación al trasvase del Ebro, Cotino ha afirmado que "la única solución que tiene para realizarse es que los señores que gobiernan no gobiernen".
El estudio, que lleva por nombre "La responsabilidad patrimonial del Estado ante la hipotética reducción o cancelación del Trasvase Tajo-Segura" ha sido elaborado,además de por Joaquín Melgarejo, profesor de Historia e Instituciones Económicas en la UA, por los profesores Andrés Molina, titular de Derecho Administrativo en la UA, y Alberto Villar, doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares.