El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra el convenio suscrito el pasado 27 de mayo entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) sobre la explotación de 24 sondeos y el aprovechamiento para riego del agua extraída, según informó hoy el Ejecutivo regional en un comunicado.
Entre los argumentos que baraja el Ejecutivo para interponer este nuevo recurso, se considera que el convenio no tiene en cuenta el fallo emitido por el Tribunal Supremo en enero de 2009, por el que se anulaba --a raíz de otro recurso planteado por el Gobierno regional-- el Real Decreto 1265/2005 de medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo, y además se han omitido trámites esenciales como el de información pública o informes autonómicos, entre otros.
Con éste son ya 27 los recursos que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha interpuesto en materia de aguas desde el año 2005 y el Ejecutivo continuará recurriendo todas aquellas decisiones emitidas por los órganos encargados de la planificación hidráulica que contravengan los intereses de la comunidad en esta materia.
A propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, también se ha autorizado un aval de 40 millones de euros a Aguas Castilla-La Mancha para formalizar operaciones de crédito para financiar su plan de inversiones.
Este acuerdo forma parte de la financiación acordada el pasado mes de junio con el Banco Europeo de Inversiones, que se comprometió a conceder 113 millones de euros para que la entidad pública siga desarrollando su compromiso de dotar a la región de modernas y sólidas infraestructuras de agua.