El responsable de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, Francisco Cabezas, ha asegurado que su derogación en 2004 por parte del Gobierno central "ha traído consigo el surgimiento de una tensión territorial por la propiedad del agua".

Según un comunicado de la Fundación Agua y Progreso, el también director del Instituto Euromediterráneo del Agua de Murcia se ha expresado así durante su intervención en el seminario "Agua y Gobernanza", que organiza la Fundación junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia.
En su ponencia, ha aseverado que "no se puede ignorar el problema de desequilibrio de los recursos hídricos; hay que resolverlo", y ha apuntado que la situación "no se resuelve con una simple tubería, sino con una adecuada y eficaz ordenación administrativa de los recursos públicos".
En este sentido, ha explicado que el PHN era "más que la simplicidad de una obra hidráulica", ya que se trataba de "un plan de ordenación jurídico administrativa para la recuperación de los equilibrios perdidos, para ordenar lo que estaba desordenado".
"El PHN se derogó sin un mecanismo alternativo, con lo que la falta de ordenación persiste hasta hoy", ha lamentado Cabezas, quien ha añadido que "esto ha provocado consecuencias que van más allá de la mera sustitución de infraestructuras".
Así, ha explicado que "actualmente hay una sensación de mutua desconfianza entre usuarios, comunidades autónomas y Estado, lo que dificulta que se alcancen acuerdos que son muy necesarios" y ha destacado "la importancia de reconsiderar la ordenación hidráulica para corregir desequilibrios".
Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), Andrés Martínez, ha destacado el papel de las entidades de gestión del regadío en la gestión del agua, que desarrollan un "juego de equilibrios" entre los diferentes intereses.
Además, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante Antonio Manuel Rico, ha lamentado "la dejadez" del Gobierno central, "que no es capaz de ejercer una adecuada política en materia de agua".