La cuenca del Ebro tiene en trámite de legalización más de 600 puntos de vertido. No quiere decir que todos ellos sean focos de contaminación, pero sí que son puntos en los que se vierten caudales procedentes de núcleos urbanos o de instalaciones, que la normativa vigente indica que deben estar bajo control administrativo y en los que se deben hacer análisis periódicos para comprobar que cumplen con los parámetros de calidad de las aguas. En la cuenca del Ebro hay actualmente 2.850 puntos de vertido autorizados, parte de los cuales no sueltan caudales potencialmente contaminantes. De todos esos puntos autorizados, casi la mitad, un total de 1.060, se encuentran en Aragón. Pero en el Ebro y sus afluentes hay muchos más puntos de vertido que todavía no están en regla. Algunos están totalmente fuera del control administrativo y otros son los que están en proceso de regularización. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tramita actualmente la legalización de 620 puntos de vertido en toda la cuenca. De forma permanente, equipos de la CHE y técnicos externos contratados por este organismo realizan controles para comprobar la calidad de las aguas, tanto en los puntos de vertido como en los ríos. De esa forma se vigila que se cumple la normativa, se previenen descargas contaminantes y, si se producen, se trata de identificar el origen y actuar en consecuencia. En lo que va de año, la CHE ha abierto 37 expedientes sancionadores por incumplimientos en las autorizaciones de vertidos. En 2008 se instruyeron 64, y en 2007 fueron 55, según han informado fuentes de la Confederación. En los últimos años se han intensificado los controles, y aún se reforzarán más en los próximos meses. El Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar a la sociedad limitada Investigación y Proyectos Medioambiente (Iproma) un contrato para realizar inspecciones, tanto de los vertidos no autorizados que se estén revisando en este momento como en los puntos no autorizados que han iniciado un proceso de regularización. La empresa Iproma realizará estos trabajos durante dos años y cobrará por ello 628.000 euros. En los últimos años se han producido reformas legislativas que mejoran la gestión de los vertidos de aguas residuales. Esto ha obligado a revisar toda las autorizaciones de vertido que ya existían, porque se introducen nuevas limitaciones sobre emisión de sustancias. Para ello se realizan inspecciones completas de los vertidos, tanto en los puntos no autorizados que están en proceso de regularización como en aquellos que tenían la correspondiente licencia, pero que ahora se está revisando para adecuarla a la nueva normativa que se aprobó en el año 2003.