WWF solicita al Gobierno que dé ejemplo ante sus socios comunitarios y lidere la puesta en práctica de la política europea en materia de aguas. La organización pide a los responsables políticos que no se escuden tras el pretexto de que nuestro país recibe pocas precipitaciones y tiene ocasionales sequías, para acogerse a excepciones a la Directiva Marco del Agua (DMA).

Entre ellas, cobrar un precio del agua muy bajo a los regantes, no hacer obligatorio el pago por daños ambientales a los agricultores, o rebajar los estándares de calidad respecto a otros países europeos.

WWF España coincide con la Comisión Europea en que la transposición de la Directiva Marco del Agua (DMA) se está realizando de manera incorrecta en varios artículos, desde las definiciones de conceptos como "río" o "lago", hasta el trato preferencial hacia algunos "usuarios" –agricultura, industria, abastecimiento-, frente al resto de personas que disfrutan de otro tipo de beneficios del agua, sin pagar por ello –deportes acuáticos, turismo rural, pescadores, etc-.

En el caso de las aguas costeras, aunque el dominio público se encuentra casi enteramente deslindado, su gestión no se ha incorporado a la de las cuencas hidrográficas, es ineficiente y existen numerosos vertidos directos a las costas sin depurar.

También se ha detectado una drástica degradación de los objetivos ambientales en el marco de la planificación hidrológica, subordinándolos a la satisfacción de las demandas y proponiendo la construcción de nuevos trasvases y embalses, en lugar de fomentar el ahorro y modernizar los regadíos. Además, para conseguir las metas europeas, se han relajado los plazos y rebajado el listón de los criterios. De esta forma la transposición española de la DMA permite que se produzcan deterioros adicionales a los actuales hasta el año 2015.

En cuanto a la recuperación de costes de la gestión del agua, la legislación española no contempla los costes ambientales y trabaja para buscar las posibles excepciones, convirtiéndolas así en norma general en la aplicación de tarifas del agua para el regadío. Por ejemplo, la propuesta de Estrategia de regadíos sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente no incluye cómo se van a recuperar los costes, ni se persigue en muchos proyectos un ahorro de agua que permita alcanzar el buen estado ecológico de ríos y acuíferos. Además, mediante el mantenimiento de unos precios del agua excesivamente bajos, la normativa española incentiva el derroche en lugar del ahorro y la utilización eficiente los recursos hídricos. WWF estima que es necesario separar con diferente trato los respectivos usos doméstico, regadío e industria y aplicar proporcionalmente el criterio de: "quien contamina, paga".

La presión de las comunidades autónomas y de las comunidades de regantes solicitando una oferta "infinita" de agua, así como la construcción de infraestructuras, han sido determinantes en la forma en que se ha realizado la transposición de la DMA al marco legal español. Por ejemplo, impidiendo la delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas en torno a la cuenca del río Júcar. Igualmente existen numerosos casos de conflicto entre cuencas por la gestión de los acuíferos compartidos, que no se contemplan en la planificación hidrológica.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF ha declarado: “El nuevo año 2010 es crucial ya que deben definirse los planes hidrológicos de cuenca que exige la DMA. Pero, por lo que hemos visto hasta ahora, la planificación está muy alejada de los objetivos ambientales de la Directiva. El Gobierno coloca la satisfacción de las demandas de los usos y las excepciones a los objetivos del buen estado ecológico de las masas de agua por encima de los objetivos medioambientales principales de la Directiva. Esperamos que esta advertencia de la Comisión cambie el rumbo de la planificación hidrológica actual”.