El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, anunció hoy que esta semana habrá un Consejo de Gobierno extraordinario en el que Gobierno de Aragón se pronunciará acerca de la transferencia de agua del río Segre (afluente del Ebro) a cuatro localidades catalanas, solicitada por la Generalitat de Cataluña.
El Departamento de Ordenación del Territorio, dependiente de la consejería de Política Interior del Ejecutivo aragonés, presentará a finales de la semana ante el Consejo de Gobierno una propuesta de acuerdo de todos los departamentos implicados.
"Será un buen acuerdo de defensa de los intereses de Aragón y sobre todo de defensa del principio antitrasvase", señaló Biel, quien añadió que "cuando se plantea un trasvase lo importante no es solo el volumen del trasvase sino el hecho en sí y creo que ese hecho queda superado con este informe".
El también portavoz del Ejecutivo autónomo adelantó que el informe plantea una serie de condicionamientos exigidos por el Gobierno de Aragón para llevar a cabo esta transferencia, como la limitación a 0,62 hectómetros cúbicos, que sea para abastecimiento de emergencia exclusivo para agua de boca, que no tenga carácter permanente sino temporal y que no suponga afección alguna para la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que contempla el Estatuto de Aragón.
Biel, subrayó que el caudal "no puede suponer una concesión administrativa ya que supondría una asignación de derechos de utilización de esa agua".
Entre los condicionantes se solicitará, además, una declaración de interés general de las obras de abastecimiento a municipios aragoneses que también sufren restricciones en el suministro de agua de boca.

SOLICITUD DE LA GENERALITAT

La Agencia Catalana del Agua, organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya, solicitó el pasado mes de octubre al ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la transferencia de 0,62 hectómetros cúbicos de agua del río Segre a cuatro localidades catalanas, cuyos términos municipales se encuentran fuera de la cuenca del Ebro, para abastecimiento urbano de agua de boca.
Tras esta petición, el ministerio solicitó un informe preceptivo al Gobierno de Aragón para autorizar ese trasvase por implicar una afección al territorio aragonés y en cumplimiento del artículo 72 del Estatuto de Autonomía de Aragón que establece que la Comunidad Autónoma emitirá un informe para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencias que afecte a su territorio.
Además, el artículo 48 de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón establece que se someterá a dictamen del Consejo de Organización del Territorio de Aragón (COTA) cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio, en particular las instrumentadas por vía de transición o cesión de derechos al uso privativo del agua, tanto en el momento de elaboración de la Ley de transferencia, que prevea la misma, como en el momento de la formalización y autorización de la transferencia transaccional o de cesión de derechos. El plazo de emisión del dictamen que establece esta Ley es de dos meses.