«Impuesto revolucionario». De esta forma calificó la alcaldesa de Villena, la popular Celia Lledó, la medida adoptada por la Confederación Hidrográfica del Júcar contra los municipios de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, prohibiendo verter sus aguas residuales a la estación depuradora hasta que no corrijan los niveles de contaminación que impiden ser tratadas correctamente por la planta. Tanto Lledó como el resto de los alcaldes de las poblaciones afectadas se niegan a cumplir el requerimiento efectuado días atrás por el organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Cabe destacar que dos de estos municipios, Campo de Mirra y Beneixama, están gobernados por el PSOE, mientras que el alcalde de Cañada, Juan Molina, ejerce a su vez, como diputado provincial de Medio Ambiente. La regidora villenense no se mordió la lengua al realizar una lectura política de la actuación de la CHJ. Celia Lledó se atrevió, incluso, a minimizar la gravedad de los niveles contaminantes detectados tras los análisis realizados a las aguas fecales. Según Lledó, no son preocupantes, ya que se sitúan en los mismos parámetros de los últimos años. Por ello, los cuatro ayuntamientos denunciados decidieron rebelarse contra la orden de la Confederación y anunciaron que seguirán vertiendo sus aguas residuales como hasta la fecha. Asimismo, solicitaron una moratoria al organismo de cuenca para que anule cualquier medida sancionadora contra los cuatro consistorios implicados.
Para la alcaldesa de Villena, la verdadera intención de la CHJ es recaudar dinero, valiéndose de cualquier excusa. «La Confederación impuso hace tres años un canon que antes no existía y lo que no queremos es que dicho pago acabe repercutiendo en los ciudadanos», señaló Lledó. Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama están dispuestos a recurrir judicialmente contra la sanción impuesta por el organismo de cuenca.