La exposición de San Cibrao das Viñas a los vertidos que genera su esqueleto industrial propició ayer el entendimiento de los tres grupos políticos municipales. El PP liderado por la alcaldesa Elisa Nogueira abrazó las propuestas de PSOE y BNG, que colocaban en el disparadero la fiabilidad de la depuradora municipal y la gestión del gobierno. Con algún matiz,el plenario validó con voto unánime que San Cibrao reclame a la Xunta de Galicia y al Gobierno estatal una instalación idónea para contener los vertidos. El BNG glosó en una moción las actuaciones precisas para impedir que cada año se tramiten contra el Concello de San Cibrao, por término medio, 4 expedientes por indicios de contaminación según publicó anteayer este periódico. El portavoz nacionalista Miguel Anxo Álvarez exigió a la Alcaldía que se eliminen los vertidos directos al Barbaña (inexistentes según Nogueira) y se inspeccione a las empresas usuarias de la red de saneamiento. San Cibrao aguarda, recalcó Nogueira, la conclusión de "un informe exhaustivo de la depuradora" cuyos resultados podrían determinar tanto el origen de los últimos episodios de derrame como "las responsabilidades que exigiremos a la empresa concesionaria si hay que actuar", argumentó la alcaldesa. En su turno, el portavoz socialista Eladio Fernández apeló a la necesidad de una nueva instalación "que pueda detectar y depurar más que los residuos domésticos" en un municipio que da tratamiento al agua residual de los cuatro grandes polígonos industriales. El edil reprochó a Elisa Nogueira que "no está tratando en serio la magnitud de este problema" y obtuvo parte de consenso del PP en la solicitud de una nueva planta depuradora. El gobierno municipal puntualizó, mediante una enmienda, quién debe ser el ejecutor de la nueva instalación. Además de a la Xunta de Galicia, según recogía la propuesta del PSOE, el Concello de San Cibrao trasladará al Gobierno estatal la urgencia de esta infraestructura. Nogueira, pese a todo, prevé que "instalando algún filtro" se resuelva la problemática de una depuradora que, según aclara el grupo de gobierno, pasa revisiones periódicas a través del ente autonómico Aguas de Galicia. En un pleno municipal que permitió momentos de consenso entre PP y la oposición, resultó especialmente agrio la respuesta de Elisa Nogueira a una de las propuestas del grupo nacionalista. El BNG solicitaba exigir a la Confederación Hidrográfica Miño Sil que invirtiera en obras de regeneración del río Barbaña las sanciones impuestas por la aparición de vertidos, por ser San Cibrao el titular de la planta depuradora. Elisa espetó al organismo de cuenca que "es meramente sancionador y recaudador" tras achacarle "no haber invertido nada para mejorar las infraestructuras hidráulicas de este concello". Fuentes de la Confederación eludían ayer la polémica tras aclarar que la competencia en obra hidráulica es asumida por la Xunta de Galicia, desde 1985. Desde el organismo, que interviene en las infraestructuras catalogadas de interés general, responden además que "velaremos por que la calidad del agua del Barbaña sea óptima". La tramitación de multa contra el Concello de San Cibrao por los vertidos que motivaron la muerte de 17.000 peces en junio de 2009, puede estar supeditada al procedimiento penal que ha iniciado el Juzgado de Instrucción Número Uno de Ourense, en el que está personado el consistorio de Elisa Nogueira. La vía judicial podría servir para que San Cibrao actúe de acusación particular si se determina la responsabilidad de alguna empresa en el derrame con metales pesados.Además, quizá interrumpa la ejecución de la multa propuesta por la Confederación en una cuantía de 670.000 euros, que quedaría suspendida si equivale la identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal. De ser el caso, el organismo de cuenca debería inhibirse en la tramitación de la sanción hasta que exista una resolución judicial en firme. Para dirimir el reparto de competencias, la Confederación aguarda un informe del Juzgado de Instrucción Número Uno, al que ha solicitado que detalle las diligencias penales abiertas sobre el caso,así como las actuaciones previstas en la investigación judicial. Nogueira, valorando estos plazos, respondía que "a ver si se paga" una multa que Eladio Fernández calificó ayer como "la más grande en la historia de Ourense".