La asociación AEMS Ríos con vida Galicia ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante el Seprona de la Guardia Civil contra Endesa por la desecación del caudal del río Eume. El colectivo ecologista incluye un informe pericial y un examen del anexo fotográfico y de las pruebas obtenidas por el Seprona de Pontedeume en los que asegura que se demuestra que Endesa "habría superado el límite del ilícito administrativo y que su conducta podría ser constitutiva de delito". AEMS Ríos con vida asegura que desde hace cincuenta años la presa A Capela, propiedad de la empresa eléctrica, "mantiene seco" un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume y señala que, como consecuencia de esta desecación, el hábitat fluvial de este río "truchero y salmonero" que se engloba en un espacio natural protegido como es el Parque Natural das Fragas do Eume se ve gravemente afectado y "supone la extinción de toda vida acuática". Los ecologistas afirman además que la desecación del río, que es un espacio protegido al estar incluido en la Red Natura 2000 de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, ha generado "una gran alarma social". Desde Ríos con vida se destaca que estos hechos "podrían ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales del Código Penal" y señala una serie de leyes que Endesa puede estar infringiendo, como la Ley de Aguas; el Reglamento de Dominio Público Hidráulico; la Ley de Pesca Fluvial en Galicia; la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad o la Ley de Conservación de la Naturaleza. Por todo ello, el colectivo reclama a la Fiscalía que adopte las medidas cautelares oportunas para la "identificación, investigación y declaración del presidente, director técnico y ejecutor de las operaciones de la presa de Endesa". Además exige que se investigue la legalidad de las licencias y concesiones otorgadas por el Concello de As Pontes, la Consellería de Medio Ambiente y Augas de Galicia. Ríos con vida exige también en su denuncia que se proceda a la suspensión inmediata de las operaciones de explotación hidroeléctrica y al precintado de las turbinas y maquinaria, con el objetivo de recuperar el buen estado medioambiental de la cuenca y que se declare la caducidad de las concesiones. Por último, exige la implicación de la Administración gallega y, en caso de que esto no se produzca, que se le advierta de la posible infracción penal en su versión de "comisión por omisión".

El colectivo reclama a la Fiscalía de Medio Ambiente que tome medidas cautelares durante la investigación y que se suspendan inmediatamente los trabajos de explotación hidroeléctrica