Cataluña tiene previsto invertir entre 2006 y 2015 hasta 9.405 millones de euros para evitar que la comunidad vuelva a sufrir sequías antes de 2027, lo que supone una inversión equiparable al 0,54% del PIB, según los diversos proyectos que se encuentran en información pública y que han sido valorados por 70 expertos en gestión del agua.
La planificación --algunos proyectos ya en marcha-- incluye la construcción de depuradoras, la mejora de la red de saneamiento, la puesta en marcha y ampliación de tres desalinizadoras, y el aumento en la reutilización del agua, según se recoge en el libro 'Los guardianes del agua' (Edicions Clipmèdia), en el que los expertos del sector concluyen que se están haciendo los "deberes".
El biólogo Gabriel Borràs, autor del prólogo, subrayó no obstante durante la presentación que Cataluña "es un país enfermo, un reino de taifas donde según la situación geográfica los partidos dicen una cosa u otra" en materia de gestión del agua.
Borràs ejemplificó su queja en la supuesta inactividad de los gobiernos de CiU durante 23 años en obras de índole hidráulica, que además justificó el trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno de José María Aznar a cambio de hacer otro trasvase desde el río Ródano. Además, criticó que los socios del tripartito se opusieron al trasvase del Ebro en su momento, pero años más tarde tuvieron que defender una cesión menor de agua hacia Barcelona como consecuencia de la sequía que sufrió Cataluña en 2008.
El experto vaticinó que habrá problemas en un futuro, porque la actual factura no asume el coste real de la provisión del servicio, y la Agencia Catalana del Agua (ACA) arrastra una deuda de más de 1.300 millones de euros que hace que, de cada 100 euros que se pagan de canon en la factura, 20 vayan a pagar los créditos bancarios.
LA PEOR SEQUÍA EN 70 AÑOS
El libro recoge las actuaciones llevadas a cabo y la repercusión en los medios de comunicación de la sequía que sufrió Cataluña entre 2007 y 2008, considerada la peor desde los años 40 y que supuso la vigencia durante 21 meses ininterrumpidos de un decreto especial, aprobado por el Govern a inicios de abril de 2007 y derogado en 2009.
Borràs se muestra especialmente crítico con la existencia de un "cantonalismo hidráulico" durante dicho episodio, si bien cree que la reivindicación de Girona para recuperar parte del caudal del río Ter está "totalmente justificada", ya que desde 1966 Barcelona se lleva cerca del 50% del agua de este curso fluvial.
Las medidas adoptadas para recuperar parte de dicho caudal, el "esfuerzo monumental" realizado desde 1991 para depurar aguas residuales y el ahorro generado en las provincia de Barcelona durante los últimos años son ejemplos, para el autor, de gestión correcta.
De hecho, Borràs defiende que los 4,8 millones de habitantes de Barcelona y 127 municipios más que dependen del abastecimiento del sistema Ter-Llobregat han reducido progresivamente desde 2003 su consumo de agua, hasta los 108 litros por habitante y día, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 100 litros el dotación doméstica de "confort".
En cualquier caso, los expertos defienden que el modelo catalán es uno de los más avanzados de Europa en la aplicación de la Directiva marco del agua, y justificó las medidas emprendidas por la Generalitat durante la última legislatura porque "en solo 4 años ha sido capaz de renunciar al trasvase del Ebro y de construir alternativas para un futuro de más garantía y menos vulnerabilidad".