La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) consideró ayer «inaceptable» la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo que figura en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha e instó al Gobierno a ejercer sus competencias en esta materia. Según argumentó en un comunicado, rechaza esta medida porque «afectaría gravemente al trasvase Tajo-Segura, que tiene una antigüedad de 30 años y que es vital para el abastecimiento de la provincia de Alicante y de Murcia, y para la pervivencia de miles de empresas que sin este trasvase no podrían subsistir».

Para la patronal valenciana esta reserva «conculca el principio constitucional que establece que las competencias sobre las aguas de los ríos son intransferibles y pertenecen al gobierno de la nación». Por ese motivo, los empresarios urgen al Gobierno a que ejerza con firmeza sus competencias, vele por la solidaridad territorial e impida a Castilla-La Mancha que incluya en sus Estatutos medidas como ésta.

El comité ejecutivo y la junta directiva de Cierval reiteraron la necesidad de elaborar un estudio global que incluya la interconexión, a través de un mallado, de todas las cuencas y de un sistema de capilaridad que garantice el suministro a todos los territorios sin dejar a ninguno desabastecido.

La medida aprobada supondría una limitación definitiva al Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española, que ha sido clave en el desarrollo económico y social, según resaltó Cierval. El complejo de embalses de Entrepeñas-Buendía, puerta de arranque del trasvase, almacenaba ayer 1.008 hectómetros cúbicos, por lo que en estos momentos cuenta con una reserva de 768 hm trasvasables a la cuenca del Segura, a los regantes de Alicante y Murcia.