La Comisión Europea ha admitido la denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción y la ha incorporado al procedimiento de infracción que ya tiene abierto contra el Estado español por presuntas infracciones a la Directiva Marco de Agua, porque incorpora el incumplimiento de la recuperación de los costes en el precio del agua, según ha informado este lunes la ONG.

En su queja, la organización denuncia la ausencia de participación, retraso en la elaboración de planes hidrológicos, así como un precio del agua para el sector agrario "muy por debajo" de lo establecido por la norma europea, un aspecto que califica de "nuevo e importante" porque "guiará a partir de ahora también el procedimiento de infracción" al recoger el incumplimiento de la recuperación de los costes en el precio del agua.

En ese sentido, denuncia que el precio del agua del regadío es "bajísimo", que está "muy por debajo del coste de obtención" y que "no recoge los costes ambientales y sociales derivados de su utilización". En su opinión, esta situación es consecuencia de la "bochornosa sumisión" de la actual dirección del Ministerio de Medio Ambiente frente al sector agrario y del "total desprecio mostrado de forma reiterada hacia la función medioambiental esencial del agua".

Además, ha recordado que la citada directiva establece plazos determinados para la presentación de los Planes de las Demarcaciones Hidrográficas que vencieron hace año y medio, así como la obligatoriedad de unos procesos de participación pública que la ONG considera "muy deficientes y bastante irregulares de unas demarcaciones a otras".

La norma también establece que cada uso del agua debe contribuir adecuadamente a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, favoreciendo a la consecución de los objetivos ambientales de la directiva.

Por ello, la organización ecologista ha insistido en su convencimiento de que los incumplimientos por parte del gobierno español son "claros y evidentes" por lo que advierten de que "es muy posible" que en los próximos meses la CE envíe una carta de emplazamiento a España exigiéndole que cumpla con la Directiva Marco de Aguas.