Aragón está agotando todos los recursos administrativos posibles para que Cataluña anule su plan de gestión del agua, antes de dar un paso más si no hay respuesta: acudir a los tribunales. Ayer, el Consejo de Gobierno aprobó nuevas alegaciones al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, porque reitera que "incurre en importantes extralimitaciones competenciales que puedan tener incidencia en la Demarcación del Ebro y en particular en Aragón". Además, autorizó a los Servicios Jurídicos autonómicos a "interponer las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de Aragón".

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha elaborado tres documentos para ordenar su planificación hidrológica. Hasta ahora, han salido a información pública dos, el Programa de Medidas del Plan de Gestión y su respectivo informe de Sostenibilidad Ambiental, y ambos han sido enmendados por la DGA. De momento, aún no ha habido respuesta por parte de la Generalitat, según indicó ayer el vicepresidente, José Ángel Biel. El tercero, el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, incluye los otros dos y se encuentra actualmente en periodo de alegaciones. El Ejecutivo autonómico ha presentado ya 18 enmiendas a este último documento. En concreto, a través del Departamento de Medio Ambiente, denuncia que Cataluña ha elaborado un plan que abarca tanto el territorio de las cuencas internas catalanas como el territorio catalán de la Cuenca del Ebro, e incluso ríos compartidos con Aragón (Noguera, Ribagorzana, Segre, Matarraña, Algars...), "sin tener en cuenta los intereses de la Comunidad aragonesa sobre ellos".

Además, advierte de que "se apropia unilateralmente de varias masas de aguas subterráneas" de la Cuenca del Ebro y de la cuenca fluvial de Cataluña, lo que supone "una violación de la Directiva Marco de Aguas de 2000". En este sentido, considera que esto puede considerarse como una transferencia de recursos entre distintos ámbitos de planificación.

También alerta de que la construcción de infraestructuras de interconexión de redes y el refuerzo de la conducción principal del Consorcio de Aguas de Tarragona previstas, pudieran servir para una futura transferencia de aguas provenientes de la demarcación hidrográfica del Ebro hacia el distrito de cuenca fluvial de Cataluña, esto es, un trasvase. Pero hay más, indica que en esta planificación, en la que "Cataluña se arroga competencias", se fijan caudales ecológicos para todos los ríos y se establecen actuaciones para el control de especies invasoras y la gestión de acuíferos y humedales de toda Cataluña (no solo de las cuencas internas).

Otra de las alegaciones hace referencia a la tramitación y la competencia para aprobar este plan. Aragón señala que la ratificación de esta planificación corresponde al Gobierno central, tal como establece la Ley de Aguas, y que será necesario un informe preceptivo tanto del Consejo Nacional del Agua como el propios Instituto Aragonés del Agua.

El periodo de alegaciones concluye el próximo 23 de julio y el Ejecutivo autonómico esperará un plazo, que ayer Biel no concretó, para emprender acciones legales si la Generalitat de Cataluña no rectificara su planificación.

Por su parte, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro explicaron que este plan catalán aún no está aprobado y que deberá pasar por los órganos de la CHE. Además, recordaron que todas las decisiones se toman supeditándolas al principio de unidad de cuenca.

Por otra parte, el vicepresidente Biel aseguró que todavía no ha habido una respuesta al informe que el Ejecutivo autonómico emitió sobre el trasvase de 0,64 hectómetros cúbicos a cuatro pueblos de Tarragona. En este dictamen (no vinculante), la DGA ponía una serie de condicionantes para poder dar el visto bueno a esta transferencia. Entre otras, que fuera reversible, transitorio y que se mejorara el abastecimiento de agua a municipios aragoneses.