El sistema de desinfección instalado hace dos años y medio en la depuradora de Cangas nunca llegó a ponerse en marcha. La obra era una más del plan de la Xunta para sanear la ría de Vigo tras las advertencias de la UE. Costó 1,1 millones de euros, incluyendo mejoras en el sistema de deshidratación de fangos y otras actuaciones en los colectores y en la propia estación.

La adjudicataria, Acciona Agua, reclamaba un aumento del contrato en 64.000 euros. El Concello no aceptó la propuesta. Intentó, sin éxito, que el incremento lo asumiese la Xunta. El caso es que la instalación no se puso en marcha, salvo en pruebas.

Se trata de un sistema de 56 lámparas que emiten rayos ultravioleta para desinfectar el agua que sale de la depuradora antes de enviarla al mar. Antes de sufrir la radiación, el líquido pasa por unos microtamices para eliminar impurezas. En la actualidad, el agua depurada se envía al mar sin el tratamiento de desinfección.

La situación provocó advertencias de Augas de Galicia, que instó al Concello a poner en marcha el sistema terciario, y las críticas de la oposición, que acusa a la alcaldesa de «pasotismo». La regidora local negoció la rescisión amistosa del contrato con Acciona sin conseguir concretar un acuerdo. Una de las premisas era incrementar la tasa de saneamiento, pero no logró la mayoría sufi ciente para ello.

La pretensión era que se hiciese cargo de la depuradora Aqualia, la adjudicataria del agua y el saneamiento.

Augas de Galicia desestimó las alegaciones presentadas por el Concello y ratificó la sanción de 6.000 euros que le había impuesto tras detectar el 15 de enero del año pasado un vertido de aguas residuales no autorizado y sin tratamiento procedente de la depuradora. Se trata de una infracción de carácter grave. Hay otros dos expedientes sancionadores anteriores, con multas de tres mil euros, así como varias denuncias posteriores del Seprona por otros vertidos.

El Concello había alegado que la responsable del vertido era la adjudicataria, que se produjo en un aliviadero un día de «gran pluviosidade», que la depuradora tiene problemas de diseño que la propia Xunta no solucionó y que era una reiteración de la sanción, ya que había otras dos anteriores.

La Xunta no aceptó ninguno de los argumentos. El responsable del vertido, dice, es el Concello, titular de la estación. La pluviosidad no tiene «nada que ver» con el vertido y, además, en «épocas de seca o problema non desaparece».

Tampoco acepta que se trate de una nueva sanción por el mismo hecho, ya que, afi rma, se trata de vertidos diferentes. No hace referencia, sin embargo, a la queja del Concello de que la depuradora tiene problemas estructurales y que los intentos de la alcaldesa de involucrar a la Consellería de Medio Ambiente para resolverlos no fueron atendidos.

La adjudicataria advirtió en varias ocasiones que la estación está al borde de colapso. Se suma a otra anterior de 3.000 euros, posteriormente rebajada a 2.000, que Xunta impuso al Concello en octubre del 2008 por desatender un requerimiento que lo emplazaba a adoptar medidas para evitar vertidos como el denunciado por el Seprona en octubre del 2007.