La negociación sobre los aspectos centrales del nuevo plan de cuenca ni siquiera ha empezado, pero ya han estallado las primeras hostilidades. La Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (Ferebro) acordó en su última reunión no apoyar el documento.

La decisión se tomó por unanimidad. Sin embargo, y aunque nadie lo reconoce abiertamente, no es irrevocable. En realidad, lo que pretenden los regantes con esta medida es presionar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para que cambie de rumbo en dos asuntos que para ellos son clave: los continuos retrasos de las obras hidráulicas pendientes y la fijación de los caudales ecológicos del Delta.

Por un lado, los responsables de las principales comunidades de regantes de la demarcación muestran su descontento con el ritmo de ejecución de los distintos proyectos de regulación que se están ejecutando en la cuenca. Además, a esta antigua reivindicación se le une una segunda queja estrechamente relacionada con la primera: el bloqueo que sufren el recrecimiento de Yesa, el embalse de Biscarrués y otras actuaciones prioritarias en la fase de declaración de impacto ambiental.

Este paso administrativo depende de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Según los regantes, "al amparo de la solicitud de informes", esa instancia está demorando "sin causa justificada" la tramitación de las obras hidráulicas.

En cualquier caso, Ferebro tiene muy claro que el responsable máximo de todas las áreas del Ministerio es su titular. Por eso el presidente de la Federación, César Trillo, ya ha comunicado a la ministra Elena Espinosa la decisión de no apoyar el nuevo plan de cuenca.

Los caudales ecológicos

En cuanto a la fijación del régimen de caudales ecológicos que deberá regir en el Delta, los regantes temen que el Ministerio y Cataluña negocien bilateralmente dejando sin apenas margen de maniobra al resto de usuarios y autonomías de la demarcación.

"El Plan Hidrológico Nacional establece que la propuesta de caudales para el Delta la elevarán el Estado y la Generalitat -recuerda Trillo-. Aún no nos han presentado nada, pero la experiencia nos dice que una vez que se haga público el documento se podrán hacer pocos cambios".

El presidente de Ferebro recuerda que la representación en el Consejo del Agua de la Demarcación -el órgano que deberá aprobar el futuro Plan Hidrológico del Ebro- se distribuye a partes iguales entre el Estado, la comunidades autónomas y los usuarios. "Al Ministerio le vale con sus votos y la disciplina de sus autonomías para sacar adelante el documento que desee, así que si queremos tener voz en este proceso tenemos que movernos ahora", destaca Trillo.

Los regantes ya han mantenido diversos encuentros con los técnicos de la CHE para abordar la fijación de los caudales ecológicos en los distintos afluentes del Ebro. A falta de conocer las cifras concretas, y aunque existen divergencias, reconocen que los planteamientos del organismo de cuenca son razonables y asumibles.

"De lo que no hemos sabido nada es del caudal del Delta, y eso que se habla mucho de que se fijará por concertación -critica César Trillo-. Lo que pide Cataluña es un disparate, y sin embargo en todos estos años nadie del Ministerio ha dicho en público que se trata de una barbaridad. Por eso estamos preocupados".

Los regantes recuerdan, además, que tampoco se conoce la postura de Aragón y del resto de autonomías de la demarcación. "Si el nuevo plan de cuenca lo elaboraran los técnicos lo aceptaríamos ahora mismo -dice Trillo-. El problema es que no va a ser así y todo el mundo va a pelear por sus propios intereses".

Un largo proceso

El nuevo Plan Hidrológico del Ebro -que sustituirá al aprobado en 1996- debería haber entrado en vigor a finales del año pasado atendiendo a lo establecido en la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, el proceso para elaborarlo y aprobarlo acumula ya unos dos años de retraso.

Todavía no se conoce el borrador definitivo que está redactando la CHE. Cuando se haga público, el documento tendrá que salir a información pública durante seis meses, y después la Confederación tendrá que responder a todas las alegaciones incorporando aquellas que considere oportunas.

Finalmente, el nuevo plan de cuenca será llevado al Consejo del Agua de la Demarcación,. Para entonces, el Ministerio tendrá que haber negociado con usuarios y comunidades autónomas para garantizar que el documento cuenta con los apoyos necesarios.