A los caprichos del relieve y la riqueza en ríos que tanto caracterizan al paisaje gallego se les han unido con el paso del tiempo dos factores más, ajenos a la propia naturaleza, que convierten el riesgo de inundaciones en asunto prioritario de la planificación hidrológica de la comunidad. La presión de la construcción residencial e industrial cercana a los cauces por un lado y los efectos que los graves incendios tienen sobre el suelo por otro, especialmente los de 2006. La incidencia de los desbordamientos "ha supuesto y supone" un capítulo "muy especial" en las políticas medioambientales, según reconoce la Xunta, que en un primer análisis del territorio ha identificado una veintena de áreas con un riesgo muy elevado de riadas. Independientemente de los planes concretos para cada una, con limpiezas de márgenes, señalizaciones o reforestación, la Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio, se plantea ir más allá y vetar la edificación.
Las 23 cuencas con el "máximo potencial de inundaciones" dentro de la franja atlántica y el norte de Lugo, la circunscripción de Galicia Costa que tutela el Ejecutivo gallego —el resto está en manos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que gestiona directamente el Gobierno central— están asociadas en muchos casos a ríos con una larga trayectoria de pueblos anegados. El "riesgo histórico", apunta el borrador del Plan Hidrológico para la demarcación autonómica que acaba de hacer público el departamento que dirige Agustín Hernández, con desbordamientos "desde hace cientos de años". Como Caldas de Reis y todas las zonas ribereñas del curso bajo del Umia desde su confluencia con el Bermaña hasta la desembocadura en la ría de Arousa, sobre las que el análisis de la Xunta pone una "atención especial".
El resto de localidades son Baiona, por la influencia del Grova —aunque el Plan Hidrológico destaca que aquí "se han tomado medidas estructurales" para reducir el impacto—, Gondomar, Redondela, los ríos costeros de O Morrazo —y su repercusión en Moaña, Cangas, Bueu y Marín— y Salnés, Oia, Vilagarcía, Rianxo, los ríos costeros de la Ría de Muros, Arteixo, la Ría de Ferrol entre la ciudad y las vecinas Neda, Narón y San Sadurniño, Padrón, Val do Dubra, Vimianzo, Zas, Betanzos, Cedeira, Viveiro y Mondoñedo. Augas de Galicia habla abiertamente de "restricciones legales" en su propuesta y no solo en la conocida como zona de servidumbre, que coge los cinco primeros metros a un lado y otro del cauce, sino que apuesta por extender la prohibición hasta los 100, en la llamada zona de policía.
El "drástico cambio del uso del suelo", en referencia tanto a las urbanizaciones como a los incendios, afecta sobre todo a los ríos de la cuenca costera. El caudal del río crece, aumentan también los obstáculos que se va encontrando —puentes o tuberías–—y a la vez se reduce la capacidad de infiltración de los suelos, todavía más graves en los afectados por fuego, por la pérdida de vegetación.
"Todos estos procesos asociados provocan que en un momento determinado —señala el Plan Hidrológico— se pueda originar un gran caudal punta derivado a la rotura de esos "diques artificiales" en los flujos de escorrentía de la cuenca, con sus consiguientes consecuencias hídricas y erosivas". De ahí que la trágica oleada de 2006 en los montes, con 2.000 incendios y 92.000 hectáreas quemadas, empiece a provocar problemas "en ríos que históricamente no los habían tenido".
Generalmente, las inundaciones en la costa gallega vienen tras un largo periodo de lluvias, por la acumulación de humedad en el suelo, que además puede coincidir con los picos del año en las mareas —la diferencia media de nivel puede llegar, según Augas de Galicia, a los tres metros— y las "profundas" repercusiones que se dan en la forma de desagüe de los ríos. En paralelo a lo que serían los desbordamientos naturales, están las inundaciones provocadas por la obstrucción de los cauces con "infradimensionamientos" de los pasos de agua y el mal estado de conservación que la Administración achaca "en parte" al progresivo abandono del rural.

33 nuevas minicentrales "previsibles" hasta 2015

La suspensión de las licencias para nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en los ríos gallegos quedó en suspenso durante la pasada legislatura, por orden del bipartito, y con el cambio de Gobierno se abrió de nuevo la puerta a más instalaciones. A aquellas que a día de hoy cuentan ya con todas las autorizaciones pertinentes y únicamente necesitan que se levante la paralización. Son un total de 33 y, según el Plan Hidrológico —la aprobación del documento es el último trámite para que las empresas concesionarias puedan ponerse mano a mano con las obras—, "previsiblemente" podrían entrar en funcionamiento antes de 2015. A partir de entonces y hasta 2027, los técnicos de Augas de Galicia descartan más aprovechamientos porque el plan energético de la Consellería de Economía e Industria tiene otras apuestas, especialmente la energía eólica, biomasa y fotovoltaica.
Esa treintena de posibles centrales, con un total de 130 megavatios (MW) de potencia instalada, se ubican en el río Verdugo y las Rías de Vigo y Baiona (5), el río Lérez y la Ría de Pontevedra (3), el margen derecho del río Ulla y la Ría de Arousa (6), el río Tambre y la Ría de Muros (4), el río Xallas, en la costa coruñesa (3), en el río O Castro (2), río Mero (1), río Mandeo (1), en Ferrol (1), el Landro (4) y el Masma (3).
En la demarcación Galicia Costa funcionan actualmente 74 centrales hidroeléctricas que suman 567 MW y pueden alcanzan una producción anual de 2.006 gigavatios (GW) por hora, un volumen de turbinado de 7.563 hectómetros cúbicos con una productividad de hasta 0,26 GW a la hora por cada hectómetro cúbico que mueven. Los ríos Ulla, Tambre, Verdugo y Mandeo son los más explotados, con 12, 10 y 7 en los dos últimos casos, respectivamente.