El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha vuelto a dar un nuevo paso histórico adoptando el pasado 30 de septiembre una resolución que reafirma que el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, y se incluye de forma implícita en varios tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que es jurídicamente vinculante.

Tras la resolución adoptada el 28 de julio de 2010 en la 64º Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se reconoce el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, esta nueva confirmación destaca por el cambio de postura de los Estados Unidos, que tradicionalmente se abstenía en las votaciones, y que en esta ocasión ha apoyado desde el principio dicha resolución y por la decisión de Reino Unido de desvincularse del consenso alcanzado en esta resolución y no reconocer el derecho al saneamiento. Reino Unido justificó su posición basándose en que no existe ningún acuerdo internacional sobre lo que implica ese derecho ni una definición de saneamiento clara y consensuada a nivel internacional.
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“Este es el avance por el que desde la red de Green Cross venimos luchando mucho tiempo. Ahora debemos trabajar para que lo establecido en la resolución sea una realidad”, señala Alberto Fraguas Herrero, Director Ejecutivo de Green Cross España (organización vinculada a Green Cross Internacional).
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“Este hecho debería poner un punto y final al debate sobre el acceso al agua y al saneamiento como Derecho Humano” señala Marie-Laure Vercambre, Coordinadora del programa de agua de Green Cross Internacional. “Green Cross ha trabajo durante años para conseguir esta declaración”.

Esta nueva resolución fue presentada de manera conjunta por España y Alemania con el apoyo de otros 34 países y adoptada por 46 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y de esta manera establece claramente que el Derecho al Agua y al Saneamiento deriva de otros Derechos Humanos reconocidos como el Derecho a un nivel de vida adecuado.

Catarina de Alburquerque, experta independiente de la ONU sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el acceso al agua y al saneamiento hizo hincapié en que “el derecho al agua potable y al saneamiento es un Derecho Humano igual al resto de Derechos Humanos, lo cual implica que es justiciable y ejecutable. Por tanto a partir de hoy, tenemos una responsabilidad incluso mayor en concentrar todos nuestros esfuerzos en promover y proveer esa garantía a todas las personas”.

Mikhail Gorbachev, presidente fundador de Green Cross Internacional apunta que “este reconocimiento no debe ser simplemente teórico. Debemos clarificar las obligaciones de los gobiernos a la hora de financiar y llevar a cabo proyectos que se ocupen de materializar el acceso al agua y al saneamiento a los que más lo necesitan”.

Es necesario señalar que, a día de hoy, todavía hay 884 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, cerca de 2.600 millones de personas que carecen de sistemas de saneamiento básico y 1 millón y medio de niños que mueren cada año por enfermedades transmitidas por el agua. “La seguridad de estos seres humanos, es nuestra propia seguridad. El agua es vida, crecimiento económico, orden social y base de los ecosistemas. El Derecho al Agua de los seres humanos esta también, por tanto, la garantía para mantener los servicios ambientales de los ecosistemas”, dice Alberto Fraguas, Director Ejecutivo de Green Cross España.

Por tanto, todos los esfuerzos deben enfocarse ahora en reforzar la aplicación el Derecho al Agua potable y al Saneamiento en las legislaciones y planes de acción de cada país. En este sentido, la resolución pide a los estados asegurar al máximo la transparencia, la no discriminación y la rendición de cuentas a la hora de establecer los servicios de abastecimiento de agua, prestando especial atención a las personas que pertenecen a grupos vulnerables y marginados; desarrollar instrumentos y mecanismos adecuados para la plena realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua potable y los servicios de saneamiento, sobre todo en las zonas en que actualmente esos servicios no se prestan o son insuficientes, integrando los derechos humanos en las evaluaciones de impacto a lo largo de todo el proceso..

Asimismo, un aspecto importante que destaca la Resolución es solicitar a los países que aseguren que los proveedores de servicios no estatales cumplan con sus responsabilidades con los Derechos Humanos desde el inicio hasta el fin de sus servicios. En concreto la resolución al respecto señala lo siguiente:

“…los Estados deben asegurarse de que los proveedores de servicios no estatales:

a) Cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos en todos sus procesos de trabajo, en especial dedicándose activamente, junto con el Estado y otros interesados, a detectar posibles abusos contra los derechos humanos y encontrar soluciones para paliarlos;
b) Contribuyan a proveer un suministro constante de agua potable segura, aceptable, accesible y asequible y servicios de saneamiento de buena calidad y en cantidad suficiente;
c) Integren los derechos humanos en las evaluaciones de impacto cuando sea pertinente, a fin de determinar los desafíos en materia de derechos humanos y contribuir a superarlos;
d) Elaboren mecanismos eficaces de reclamación para los usuarios y se abstengan de obstaculizar el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas de base estatal;”

Green Cross seguirá trabajando para que todos los países que no lo han hecho todavía, reconozcan públicamente y hagan efectivo el derecho al agua potable y al saneamiento y para que se adopten medidas que garanticen la plena realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua potable y los servicios de saneamiento.