El Gobierno gallego prevé recuperar, mediante el cobro de una nueva tasa -se denomina coeficiente de vertido- el coste que le supone la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales (Edar). Aunque se trata de una competencia de ámbito municipal, la Xunta se hace cargo ya en la actualidad de 25 instalaciones en funcionamiento sin repercutir este gasto a los ciudadanos a modo de impuesto. Además, la recientemente aprobada Lei de Augas de Galicia abre las puertas a que los ayuntamientos que así lo soliciten cedan esta explotación a la Xunta.

En una primera fase, según explica el presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, existen entre 90 y 100 depuradoras que son candidatas a pasar a manos autonómicas, además de las 25 ya asumidas con anterioridad. Al menos el 80% del gasto que generará la gestión se prevé recuperar con el denominado coeficiente de vertido, una tasa recogida en la Lei de Augas, si bien está pendiente de determinar y evaluar el modo en que se puede implantar este nuevo modelo de gestión, pues hay que desarrollar nuevos reglamentos.

La asunción de la explotación por parte de la Xunta ha sido hasta la fecha «arbitraria», aunque con la nueva ley «se dará a oportunidade a todos os concellos» de cederla, sostiene el responsable de Augas de Galicia. Además, argumenta que si bien la Xunta no repercutía este gasto a los usuarios, los concellos, por norma, sí establecían una tasa de depuración en esta dirección. Esto es lo «normal» en el ámbito local, aunque recuerda que los municipios tienen «liberdade fiscal», por lo que algunos podrían no cobrarle a los ciudadanos. Menéndez afirma que el coeficiente de vertido será «a taxa de depuración» de la Xunta.

Al asumir la gestión de aquellas Edar que se les solicite, Augas de Galicia pretende «blindar o bo funcionamiento» de los servicios de depuración, que en algunas ocasiones presentan problemas «porque non hai medios para esa explotación».

Desde el ámbito municipal existen diferentes visiones respecto a este asunto, aunque el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Carlos Fernández, admite que existen en la actualidad «fórmulas de xestión variables», que parten de concellos o «consorcios e mancomunidades» cuando la depuradora afecta a varios municipios. También existen fórmulas de gestión directa o concertadas.

Instalaciones de la Edar de Lugo. La idea de que la Administración autonómica pueda asumir -previa petición municipal- la gestión de las estaciones depuradoras divide al ámbito municipal. Así lo entiende el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, al afirmar que mientras los concellos «máis grandes» están interesados en la gestión directa, «os pequenos ou os que comparten depuradora admiten de mellor grao que a xestión parta dun organismo supramunicipal». No obstante, «na maior parte dos casos queren a xestión directa».

Esta preferencia parte de una tesis, y es que pueden existir «problemas de xestión». Aunque se asuma la explotación de la depuradora «a canalización e os colectores seguirían nas mans dos concellos», así como el control de los vertidos. «Ao non ter unha xestión integral» pueden darse casos en los que una administración quiera «eludir responsabilidades», matiza el alcalde de Ames. mativa que desarrolle la Lei da Augas, Carlos Fernández es escéptico al ser preguntado sobre la posibilidad de consensuar los términos de la cesión de la explotación. Se basa en que ya se buscó un consenso en el anteproyecto de ley que «non foi posible», por lo que «será difícil» el mismo en el desarrollo del reglamento, pues «a lei parte de principios non coincidentes».

También critica que la Xunta «busca un instrumento de recadación» con esta normativa, ya que el canon del agua se aplicará «cando pasen as municipais». «Iso di que non beneficia á poboación» y que «a factura vaise encarecer», afirma Fernández, porque de lo contrario «faríano antes das eleccións». La Lei de Augas abre las puertas a que la Xunta de Galicia asuma la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales (Edar), aunque no será hasta «finais de 2011 ou 2012» cuando sea posible «comezar o proceso de asimilación» de las mismas. Esto es así porque, pese a estar aprobada la normativa, ahora es necesario «tramitar o desenvolvemento» de la misma y, entre otras cosas, establecer el «regulamento» que definirá cómo han de hacer los municipios para solicitar a la Xunta la explotación de la depuradora y los términos, así como el coeficiente de vertido que se cobrará por el servicio de explotación de las estaciones depuradoras, según detalla el presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez.

«A idea é ofrecer esta ferrramente» a aquellos ayuntamientos que «carecen de capacidade técnica e financeira» para asumir el coste que supone la explotación de las depuradoras. Existen ya algunas peticiones en esta dirección por parte de municipios, añade, si bien hasta que se complete el desarrollo de la normativa «todos os concellos teñen que asumir a responsabilidade», dice Menéndez. «A competencia é deles e a asumen», asevera. llego está en proceso de revisión del plan de saneamiento de Galicia, pues el vigente data del año 2000. Existe en la actualidad un borrador que se está analizando, y cuyo cometido será establecer «as necesidades» existentes en materia de depuración en la comunidad. Más avanzados están algunos planes de saneamiento local en casos como los de la ría de Arousa o la de O Burgo, en A Coruña, cuyos resultados permitirán re?ejar la «situación real» de estas zonas.