El 1 de enero de 2010 la Ley de Aguas aterrizará, por lo pronto, con una subida de la factura para todos los usuarios, que en el caso de los domésticos ascenderá a unos 1,24 euros. Pero la nueva norma, aprobada el pasado verano, también supone una importante modificación en el régimen de sanciones que implicará multas que pueden ser de hasta 600.000 euros para aquellos municipios que incurran en sanciones muy graves.

A tenor del número de sanciones que durante este año se han tramitado por no cumplir con normas vigentes que regulan los vertidos de aguas residuales, es posible que algunos municipios granadinos en los próximos meses tengan que hacer frente a estas sanciones. Según los datos aportados por el delegado de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, Francisco Javier Aragón, durante 2010 se han abierto 107 expedientes a otros tantos ayuntamientos por este motivo, lo que significa que apenas 60 municipios de la provincia cumplen a rajatabla y se salvan de las sanciones.

A partir de enero, con la nueva norma en vigor, se establecerán nuevas obligaciones para los consistorios de la provincia, y nuevas sanciones, aún más duras, para quienes no las cumplan. Según los datos que maneja la Delegación de Medio Ambiente, 'unos quince o veinte' de esos municipios pueden enfrentarse a sanciones muy graves en los próximos meses, lo que, con el nuevo texto legal, puede suponer una sanción económica muy elevada para esos consistorios, concretamente de 300.506,62 a 601.012,10 euros.

Se trata de un argumento más que contundente para que los municipios acaten la norma. Las graves -entre las que están no instalar contadores homologados- conllevarán una multa de entre 6.010,13 a 300.506, 61, mientras que las leves -como, por ejemplo, no medir el consumo de los vecinos- pueden suponer un desembolso de hasta 6.010,12 euros.

El objetivo de las multas es que se acate sin mayores dilaciones la Ley de Aguas, que tiene como objetivo cumplir con la directiva europea que obliga que en un plazo de cuatro años el cien por cien de las aguas residuales se depuren. Uno de los aspectos más importantes del texto es que la Consejería de Medio Ambiente pondrá en marcha un programa de actuaciones de infraestructuras para alcanzar esa exigencia europea. A día de hoy, hay municipios en Granada que no cuentan con los medios necesarios para depurar, y, es más, los hay que ni siquiera cobran a sus vecinos el coste que supone el abastecimiento de este recurso. Es el caso, por ejemplo, de algunos municipios de la comarca de la Alpujarra, que establecen una única tasa, de apenas 60 euros, para el consumo del agua de todo un año. Esa cuantía o una similar es la que, por ejemplo, pagan muchas familias que viven en la capital o el Área Metropolitana... por dos meses de servicio.

Este desequilibrio en el precio que se paga en la provincia por el agua va en contra, según Aragón, del principio de recuperación de costes. 'El 70% de los ayuntamientos aplican tarifas por debajo de lo que cuesta' hacer llegar el agua corriente a los domicilios de sus vecinos, y desde Europa se tiene claro que 'si cuesta un euro sacar esa agua, hay que cobrar ese euro'.

Además, la Administración está obligada a garantizar la calidad de esa agua, lo que implica que 'hay que hacer inversiones donde haga falta', explica el delegado, lo que, en la provincia de Granada, se traduce en unos 350 millones de euros en los próximos años. Precisamente, son los municipios que más carencias tienen en el apartado recaudador donde más inversiones serán necesarias. 'Y si todos van a tener infraestructuras, todos tienen que pagar', asevera el delegado.

El dinero necesario para ejecutar estas inversiones en depuradoras y para su manutención saldrá por un lado de los fondos europeos y por otro del canon del agua que pagarán los usuarios de forma solidaria -lo que quiere decir que, por muy buenas depuradoras que haya en la capital, los vecinos de la ciudad pagarán un plus para las infraestructuras necesarias, por ejemplo, en Agrón- además de la financiación pública y también privada.

Ese canon, que pagarán todos los usuarios, será recaudado sí o sí, ya que la Junta prevé que aquellos municipios que no lo repercutan a los ciudadanos verán detraída esa cantidad de los fondos de nivelación y participación. Es decir, si no lo cobran, la Administración se lo cobrará por su cuenta.

Todo este dinero revertirá en el saneamiento de esas aguas residuales, y para ello, es necesario poner en marcha la infraestructura necesaria. Antes, los municipios deben ceder esa competencia -ya que, según la Ley de Bases del Régimen Local, la depuración de aguas residuales es municipal- a la Junta. Legan, tras aprobación en pleno, a la Administración autonómica la elaboración del proyecto, la construcción de la infraestructura y su mantenimiento.

Y eso es así porque 'por mucha voluntad política que haya, hay ayuntamientos que no pueden pagar' el montante de esa obra e incluso en ocasiones ni siquiera pueden mantener lo que ya hay hecho. Este apartado, el del mantenimiento, es otro de los que preocupan en Medio Ambiente, por cuanto que, según explica Aragón, en la provincia hay siete depuradoras que no funcionan porque los ayuntamientos de los que dependen no tienen fondos para mantener su funcionamiento.

En cuanto al proceso que se iniciará en pocas semanas y se prolongará durante el primer trimestre de 2011, si algún ayuntamiento decide no ceder esa competencia, está obligado por ley a acometer, por sus medios, las obras necesarias. 'Si un ayuntamiento dice que no quiere, muy bien, que no ceda, pero que asuma su competencia o iremos a la Fiscalía o donde haga falta', explica el delegado, que incide en que muchos municipios no han asumido sus responsabilidades en esta materia porque 'parecía que era cosa de la Junta'. Esa dejadez ha derivado, analiza el delegado, en que haya incluso un ayuntamiento de la provincia que ha afrontado recientemente 120.000 euros en sanciones por vertidos. 'La situación es muy grave', argumenta.

No sólo urge hacer estas inversiones por la situación actual, sino por lo que va a ocurrir de aquí a dos años. Estas obras dependen de los fondos europeos que finalizarán en 2013. Sin este dinero, no se podrán sufragar las depuradoras ni su mantenimiento, que también dependerá de la financiación privada.