El Consejo Insular de Aguas ha iniciado la elaboración de un censo oficial para abordar la clausura y regularización según cada caso de las alrededor de 45 desaladoras ilegales que según diversas estimaciones funcionan en la isla, en su práctica totalidad en complejos turísticos. La decisión final sobre estas instalaciones dependerá de su encaje territorial y del cumplimiento de la normativa en materia de elaboración de agua para uso turístico, en este caso. El avance del Plan Hidrológico revela la posible existencia de casos preocupantes. Se especifica que el Consejo Insular de Aguas está realizando inspecciones para detectarlas e incluso "proceder a la clausura debido al alto riesgo sanitario que suponen, ya que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley de Aguas de Canarias" y "no existen evidencias de que estén realizando los controles necesarios de la calidad".

La mayor parte de ellas, unas veinte, se localizarían en Playa Blanca (Yaiza), mientras que otras quince se ubicarían en Costa Teguise (Teguise) y el resto en Puerto del Carmen (Tías). Así lo reflejan informes técnicos de Inalsa de los que se han hecho eco a su vez los administradores concursales de la empresa insular de aguas, que considera que su existencia agrava la situación económica de la entidad pública.

Las estimaciones de los técnicos y de los propios administradores concursales apuntan a que estas planta potabilizadoras al margen de cualquier regulación producirían en torno a 5.000 metros cúbicos diarios (la producción real actual de Inalsa ronda los 63.000 metros cúbicos). El efecto económico de esta oferta al margen de cualquier control cae por su propio peso, como una cascada de agua. Inalsa no factura a estos complejos alojativos un agua que vendería en base a la tarifa turística, lo que equivaldría a casi cinco millones de euros anuales.

Pero hay más, porque los administradores concursales de Inalsa, intervenida por orden judicial desde junio de 2009, consideran que esta situación obliga a repercutir los costes sobre el consumo de tipo doméstico al no cobrarse a usuarios potenciales de grandes caudales turísticos que se producen su propia agua al margen de Inalsa y del Consejo Insular de Aguas. En realidad, esta conclusión también figura en el Plan de Viabilidad elaborado en 2009 por el Cabildo de Lanzarote durante el mandato de PSOE y PIL y presentado poco antes de que se solicitara voluntariamente el concurso de acreedores. Además, los administradores piensan que el funcionamiento de estas desaladoras ilegales supone una vulneración del principio contenido en el Plan Hidrológico vigente, que data de 1991, de velar por una gestión unificada del agua. Nuevo escenario Sin embargo, el marco que propicia el control de Inalsa sobre la producción del agua podría cambiar si prospera una de las premisas incluidas dentro del avance del nuevo Plan Hidrológico, que elimina trabas para la creación y puesta en marcha de desaladoras privadas, en especial para las de autoconsumo promovidas por "personas físicas, jurídicas, públicas o privadas", según se recoge en el punto ochenta y seis. En el texto vigente se subraya que las concesiones tan solo se otorgarían en casos excepcionales, un matiz que desaparece en el documento del avance, aprobado hace dos semanas por la junta general del Consejo Insular de Aguas.