Con estos controles Medio Ambiente intenta frenar los vertidos provocados por aguas residuales que en 2010 obligaron a la Xunta a imponer un total de sesenta sanciones, muchas de ellas a los propios concellos cuando son ellos los que gestionan direccionadas con deficiencias o ausencia de saneamiento han subido un 22% con respecto a 2009.

Medio Ambiente destaca que será preciso aumentar 10.000 kilómetros de colectores, a los 16.000 que forman actualmente la red, para dar cobertura a todos los núcleos de más de 50 habitantes. Los factores a mejorar en estas infraestructuras serían, entre otros, evitar las infiltraciones en aguas limpias, controlar las pluviales e impedir los vertidos industriales no controlados. Entre el 50% y el 80% de la carga contaminante "se pierde en el camino" cuando llueve y que, en muchos casos, los puntos de vertido son "causa de este mal funcionamiento de la red".

Según Aguas de Galicia, las industrias deberán obtener, de acuerdo con el reglamento, un permiso de vertido si se conectan a la red pública de saneamiento y, en casos en que se supere el límite de contaminantes, deberán someter las aguas a una depuración previa. Por otra parte, el decreto de colaboración con entidades locales establece la posibilidad de que la Xunta se haga cargo de la gestión de depuradoras de núcleos de más de 2.000 habitantes si lo piden los concellos. Algunas obras hidráulicas podrán ser declaradas de interés de la comunidad autónoma, con lo que se podrán agilizar, y la Xunta podrá intervenir en caso de que una deficiente depuración o abastecimiento ponga en riesgo el servicio.

El Gobierno gallego recalca que "ya puso en marcha todos los mecanismos para resolver la situación de la depuración de las aguas residuales" en las cinco localidades en las que tiene esta responsabilidad afectadas por la sentencia de la Unión Europea. La Consellería de Medio Ambiente se refiere en concreto a las localidades de Baiona, Noia, Viveiro y Cariño, puesto que tienen en funcionamiento sus respectivas estaciones depuradoras de aguas residuales. En el caso de Ribeira, explica, se está preparando también el anteproyecto.Además, de las nueve localidades que recoge la sentencia, indica la Xunta, cuatro -Vigo, A Coruña, Santiago y Tui- son de instalaciones de interés general o cofinanciadas por el Estado, por lo que "de sus plazos da cuenta la Administración central". En todo caso, desde el departamento que dirige Agustín Hernández señalan que la Xunta ya envió en agosto de 2010 la documentación referente a este asunto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino respecto de las aglomeraciones en las que tiene responsabilidad sobre la depuración de las aguas, mientras que en las cuatro restantes es el propio ministerio es quien debe aportar la información para llevar a cabo los proyectos.