La Coordinadora contra Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) cree que con la declaración positiva del impacto ambiental del embalse de Biscarrués el Ministerio de Medio Ambiente "ha condenado al río Gállego a una muerte segura y anunciada" que supondrá la desaparición de las actividades deportivas.

Esta entidad considera que el Gobierno central se va a gastar 41 millones de euros "en destruir" empresas y puestos de trabajo, además de generar los impactos ambientales de los que han advertido por organismos "fuera de toda sospecha" como el Cedex.

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) considera que el Gobierno central "ha cedido a las presiones políticas y olvidado la justicia ambiental" al convalidar las consecuencias ambientales del embalse, cuya revisión reclaman. Para la FNCA, ignora alternativas más viables económica y medioambientalmente.

Por su parte, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF han anunciado acciones legales para evitar que se construya el embalse por su dudosa utilidad y el incumplimiento de normas comunitarias.

Ecologistas en Acción considera que el visto bueno ambiental a la obra constituye una "gran agresión medioambiental", ya que producirá la destrucción irreversible de áreas de gran valor natural incluidas en la Red Natura 2000. Estiman que las medidas correctoras que plantea la declaración de impacto son "totalmente inútiles, superficiales, y no van a paliar en ningún caso el gran impacto medioambiental que la obra va a producir".