El vertido de aguas tóxicas que se produjo en abril de 2010 al río Guadiamar y que causó una mortandad masiva de peces salpica ya a la Consejería de Medio Ambiente, responsable del mantenimiento de las instalaciones de la antigua mina de Aznalcóllar y a la que señala directamente el juez que investiga este episodio contaminante denunciado en su día por Ecologistas en Acción.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ha imputado a dos cargos de la consejería que dirige José Juan Díaz Trillo como presuntos responsables de lo que podría considerarse como un delito contra el medio ambiente. Los dos directivos han sido citados a declarar, en calidad de imputados, a principios del próximo mes de diciembre.

Las investigaciones que ha llevado a cabo el juzgado, con la ayuda del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Policía Judicial de la Guardia Civil, han terminado por convencer al magistrado Francisco Javier Carretero de que la orden de desembalsar agua con metales pesados desde las instalaciones mineras partió desde las mismas oficinas de la Consejería de Medio Ambiente.

Según fuentes próximas a la investigación, el testimonio del encargado del mantenimiento de la mina, adscrito a la plantilla de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) hoy convertida en Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, ha sido fundamental al afirmar en su comparecencia ante el juzgado que pidió instrucciones a sus superiores de la Consejería antes de vaciar una de las balsas intermedias de aguas tóxicas hasta el arroyo Los Frailes y mediante una tubería colocada a tal efecto y por la que los metales pesados no sólo alcanzaron a este afluente del río Guadiamar, sino también al contraembalse del río Agrio.

No sólo consultó a sus superiores, sino que, además y de acuerdo a su declaración, éstos dieron luz verde al desembalse.

Como resultado de este vertido, centenares de peces -carpas, barbos y lisas fundamentalmente- perecieron por anoxia (falta de oxígeno). Según los datos recopilados por los investigadores, y como ya adelantó este periódico el pasado mes de julio, fueron retirados de estos cauces en torno a 753 kilogramos de peces.

La mortandad en la fauna acuática de esta zona no fue el único efecto directo del derrame de aguas tóxicas. Además, y como pudieron comprobar agentes del Seprona que se personaron en el lugar el 12 de abril de 2010, las aguas del río Agrio pasaron del color verde habitual al turquesa que se puede apreciar en la imagen inferior, tomada, al igual que la otra fotografía que ilustra esta información por Ecologistas en Acción.

Las fuentes consultadas indicaron que la antigua Egmasa, hoy agencia pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ha pasado de justificar el desembalse por motivos de «seguridad» -teóricamente para evitar que el agua de la balsa rebosara y alcanzase una carretera cercana- a poner en cuestión la labor de los investigadores de la Guardia Civil y la cadena de custodia de las muestras de agua analizadas.

En un informe remitido al juez instructor hace unos meses, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía reconoció que se había aliviado una de las balsas intermedias de la mina con la finalidad de evitar el peligro que hubiese supuesto su desbordamiento para el tráfico de la carretera A-477, que une las localidades de Aznalcóllar y Gerena y que colinda con la balsa. El fallo de un motor, aseguró en su momento la Administración andaluza, hizo imposible aliviar el agua del pantano y se optó por verter parte de su contenido al arroyo Los Frailes antes que permitir que los residuos anegasen la vía, con el «grave» peligro que ello hubiese significado para los conductores.

No obstante, es llamativo que la compañía aseguradora de la antigua Egmasa, la que debería hacer frente a la responsabilidad civil por el vertido en el caso de que un tribunal condenase a la agencia pública, se haya personado ya en la causa abierta.

En la única versión oficial ofrecida hasta el momento, y a resultas de la publicación de la noticia sobre la investigacion en estas páginas, la Consejería de Medio Ambiente ha negado cualquier responsabilidad en relación al vertido tóxico. Un portavoz de esta consejería indicó en julio que aunque la antigua Egmasa depende de este departamento, el mantenimiento de las instalaciones del yacimiento de Aznalcóllar, abandonadas desde la catástrofe de 1998, compete a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

El Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar cita en diciembre a dos responsables que, supuestamente, dieron la orden de desembalsar agua contaminada al río / La antigua Egmasa trata de cuestionar la investigación

Un testigo dice que recibió una orden directa y verbal de la Consejería La Agencia de Medio Ambiente aduce que las muestras no han sido bien conservadas La aseguradora de la Junta se ha personado ya en la causa judicial abierta en Sanlúcar