Las asociaciones de regantes y los principales grupos ecologistas censuraron ayer la autoruización que el Consejo Consultivo ha dado al Gobierno andaluz para volver a plantear la 'batalla' de las competencias del río Guadalquivir, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la competencia exclusiva que se ordenaba en el Estatuto de Autonomía.

De forma conjunta, las organizaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y WWF España afirmaron ayer que «hay tareas pendientes en la gestión del agua más allá del lío de las competencias». El planteamiento actual del Gobierno andaluz, tras el fallo del Constitucional, es el de solicitar la delegación de competencias sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio de Andalucía por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

Ayer, la responsable en materia de aguas de WWF, Eva Hernández, en declaraciones a Europa Press, recordó que la anterior transferencia de competencias sobre el Guadalquivir «también pasó por el Consejo Consultivo» y luego el Tribunal Constitucional «no le dio la razón» -en referencias a la traspaso de competencias mediante el Estatuto andaluz-, por lo que pide «el beneficio de la duda» ante esta nueva decisión. «Con tantas tareas pendientes, no entiendo que sigan con este lío de competencias».

Por su parte, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Dolores Yllescas, admitió que «se puede mantener la unidad de cuenca por distintos procedimientos», pero lamentó «el vaivén al que la Junta tiene sometidos a los ciudadanos» en torno al Guadalquivir. «Este truco político permanente refleja que lo que interesa son las competencias por la transferencia económica que supone».

En este sentido, Yllescas teme que detrás de todo este debate «lo único que hay son intereses económicos». «Hace 20 días deciden que legalmente no pueden llegar a acuerdo y ahora sí, qué pasa», ha cuestionado. «Indudablemente no hace falta que el Estado sea el que gestione la cuenca de forma íntegra, pues puede ser cualquier otro organismo unitario, si bien el reparte de funciones no se entiende, pues cualquier gestión debe ser unitaria».

Para la Asociación de Regantes de Andalucía (Feragua), el dictamen favorable del Consejo Consultivo favorable a la proposición de ley sobre la delegación de competencias del Guadalquivir, es un pronunciamiento «tan previsible como carente de consistencia jurídica». La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, apuntó, por ello, que se esperaban este dictamen y recordó que «ya en su momento» avisaron de que «no resultaba ninguna garantía el paso previo de la Proposición de Ley Orgánica por el Consejo Consultivo antes de su remisión al Congreso de los Diputados».

«En su día, el dictamen jurídico que emitieron con motivo del Estatuto de Autonomía fue refutado por los altos tribunales españoles, los cuales por cierto ya cerraron la vía de la delegación de competencias en la cuenca intercomunitaria del Duero. Ahora vuelven a tropezar en la misma piedra, con el agravante de que es por segunda vez y de que el propio Constitucional ya ha avisado de que esa delegación de competencias es inviable», alertó la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante.

Asimismo, señaló que «todos» los informes jurídicos que obran en poder de Feragua ponen de manifiesto que la vía de delegación de competencias que pretende la Proposición de Ley Orgánica presentada por el grupo socialista es «una vía agotada», sobre «cuya constitucionalidad ya se han pronunciado negativamente los altos tribunales españoles», que han insistido en la inconstitucionalidad de cualquier medida que pueda fragmentar la gestión y administración unitaria de las cuencas intercomunitarias.

Con respecto a esta cuestión jurídica, Feragua tiene en su poder un dictamen jurídico del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, Antonio Fanlo Loras, que concluye que «no es posible la vía de la delegación de competencias (Art.150.2 de la Constitución Española) para asumir las mismas competencias que el Tribunal Constitucional ha revocado».

A juicio de Feragua, la Proposición de Ley Orgánica es «incoherente e insostenible jurídicamente» desde su propia exposición de motivos, la cual asegura que «no se delegarán las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas», para a continuación «proponer la delegación de una serie de competencias concretas que afectan de pleno a ese régimen jurídico, como son la concesión de los recursos hídricos, el otorgamiento de autorizaciones o las de cesiones de derecho al uso privativo de las aguas, entre otras».

> que la proposición de ley sobre la delegación de competencias de las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio andaluz a la comunidad de Andalucía resulta «ajustada al ordenamiento constitucional». > adelante con tres votos en contra y una abstención, y no se hará público hasta que estos tres votos particulares sean redactados e incorporados al mismo. > del Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del confería a Andalucía las competencias del río. > consultivo mantiene que «en efecto, el Estado retiene tanto la potestad normativa como un conjunto de facultades que pueden calificarse como de coordinación y control» o de repercusión extracomunitaria. > «garantizan suficientemente la unidad de gestión de la cuenca y la ausencia de lesión del principio autonómico, al quedar garantizados los derechos de las restantes comunidades autónomas sobre las que discurre el > consideraciones, entiende también que «de conformidad con la jurisprudencia constitucional, no es posible fragmentar el régimen jurídico ni la administración de las aguas de forma que se haga peligrar la unidad de gestión».