Diciembre 2005

Del estudio realizado pueden destacarse los siguientes puntos:

• La información sobre el agua se ofrece de manera muy dispersa en diferentes organismos, lo que provoca en algunos casos redundancias de información y en muchos otros casos complica el acceso por su heterogeneidad y dispersión. Lo mismo ocurre con la estructuración de los contenidos, lo que conlleva que la información sea difícilmente comparable.
• Existe un claro interés por parte de la administración por ofrecer sobre todo información en temas hídricos a través de Internet. No obstante, se detectan carencias en cuanto a la oferta de servicios hacía al ciudadano totalmente on-line. En este sentido se observan dos tendencias: las entidades públicas (ministerios, confederaciones y en menos medida las comunidades autónomas) inciden claramente en la oferta de contenidos informativos siendo los aspectos de gestión directa más bien pobres. Mientras, las empresas gestoras del agua estudiadas inciden más en suministrar servicios on-line (no todas), y sin embargo la oferta de contenidos que aportan es escasa.
• El impulso de la certificación electrónica es clave para realizar cualquier trámite a través de Internet. En este sentido están muy avanzadas tanto las empresas gestoras del agua como las comunidades autónomas (aunque unas más que otras).
• Constada la dispersión de la información sobre el agua en Internet en España, es necesario el desarrollo de mecanismos integradores de esta información que además expliquen y reúnan a todos los organismos implicados en la gestión del agua y los completen con información sobre su entorno.
• La Administración está realizando una serie de esfuerzos en este sentido con sistemas de información especializados como el Observatorio Nacional de la Sequía, el Observatorio del Regadío Español o Hispagua, entre otras iniciativas.
• Como conclusión final señalar que la información sobre el agua se enmarca en el derecho a la información ambiental, y la preocupación creciente por la información online por parte de los organismos con responsabilidad en materia de aguas está ligada especialmente a este derecho que es básico para fomentar la participación ciudadana y facilitar la toma de decisiones.